La Vanguardia - Dinero

El tarifazo que frena a Macri

El Supremo tumba parcialmen­te la subida del gas y posterga la retirada de los subsidios a los servicios públicos

- Robert Mur Buenos Aires

Una bomba de tiempo ha estallado en la Casa Rosada. El sistema de subsidios a los servicios públicos del kirchneris­mo ha acabado infligiend­o la mayor derrota política del presidente argentino, Mauricio Macri, en los ocho meses que lleva en el poder. La semana pasada el Tribunal Supremo anuló parcialmen­te el llamado tarifazo del gas, un aumento desproporc­ionado de este servicio básico que, másallá del inesperado coste económico para las arcas públicas, es una señal negativa y frena las ansiadas inversione­s extranjera­s al fomentar la sensación de insegurida­d jurídica que el nuevo gobierno lucha por erradicar tras doce años de populismo.

La máxima instancia judicial del país falló que el ejecutivo tiene potestad –con algunas salvedades– de fijar el precio del gas pero que omitió convocar una audiencia pública para que los consumidor­es residencia­les alegaran. Untrámite formal y obligatori­o, según el Supremo, que el gobierno se saltó, y cuya próxima convocator­ia ya está bajo la lupa.

La retirada de los subsidios al gas, la luz, el agua y el transporte público había sido anunciada por Macri en la campaña como parte de su propuesta para sanear el abultado déficit público. Durante elk ir ch nerismo los consumidor­es, sin distinción de clase, se acostumbra­ron a pagar montos irrisorios por los suministro­s gracias a las millonaria­s subvencion­es estatales a las empresas de servicios. Facturas mensuales de luz o gas por importe de tres o cuatro euros al cambio eran la norma.

El gobierno anunció la retirada de los subsidios, a la vez que suprimía impuestos a los sectores agrícola y minero. En el caso del gas, la nueva tarifa entró en vigor en abril. Llegó el invierno y el consumo de calefacció­n subió. Dos meses después las facturas empezaro nallegar a las casas con incremento­s superiores al 1.000% y ni siquiera gran parte de la clase media que votó aMacri entendió el castigo. El tarifazo provocó los primeros cacerolazo­s en las calles contra el macrismo y que un juez de primera instancia paralizara la medida. El Supremo ordenó recalcular las facturas a 31 de marzo, con un coste de unos 1.200 millones de euros para el estado.

En un país donde las campañas de ahorro energético brillaron y brillan por su ausencia, a muchos argentinos no les cayó bien la cruzada personal emprendida porMacri para justificar el tarifazo. El presidente­s e mostró muy abrigado y con bufanda en actos públicos cubiertos y llegó a pedir que apagasen la calefacció­n y que en sus casas los ciudadanos siguieran su ejemplo.

Tras la sentencia, el primer ministro, Marcos Peña, trató de dar la vuelta a la tortilla y envió un mensaje de tranquilid­ad a los mercados. “Es bueno que las institucio­nes funcionen ”, declaró, intentado demostrar que el fallo del tribunal reforzaba la seguridad jurídica porque contribuye a clarificar­la situación.

Pero la realidad es que “hoy se postergan todas las decisiones de inversión”, indica a La Vanguardia el economista Hernán Hirsch, director de FyEConsult. Aunque Hirsch reconoce que “si el gobierno lograra resolver bien el aumento tarifario tras la audiencia pública y consiguier­a una mayor percepción de estabilida­d en las reglas del juego, sería un logro importante”.

Por otra parte, el controvert­ido ministro de Energía y principal defensor del tarifazo, Juan José Aranguren –expresiden­te de Shell Argentina–, ha quedado tocado. Además, el Supremo tiene pendiente pronunciar­se sobre el aumento de la luz, mientras que organizaci­ones de pymes ya han anunciado recursos de amparo porque el fallo sólo defiende a los usuarios residencia­les, que representa­n un cuarto del consumo de gas del país.

Y la audiencia pública ya no será un camino de rosas. Convocada inicialmen­te para el 12 de septiembre, ha sido postergada cuatro días, después de que la oposición anunciara movilizaci­ones. Precisamen­te, entre el 12 y el 15 de septiembre el gobierno organiza en Buenos Aires una cumbre empresaria­l para atraer inversione­s extranjera­s que la Casa Rosada denomina “mini Davos”. Lo último que quiere Macri es dar mala imagen al exterior.

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JULIO PANTOJA / EFE
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