El consenso entre González y Suárez evitó la quiebra económica de España a finales de los setenta
Existe una opinión muy generalizada de que la nueva legislatura, que ha nacido con fórceps, será corta e inútil. No es lo que piensan los hombres de negocios. La idea dominante es que el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy va a tener una vida larga y fructífera si afronta las reformas estructurales que el país necesita sobre la base del acuerdo y el pacto: “Nos encontramosenunamagníficasituación para afrontar los cambios que estaban embalsados desde hace mucho tiempo”, nos señala el presidente de una gran corporación.
Según se oye en los círculos de poder, “nos encontramos ante el mejor escenario posible, ya que unas terceras elecciones o un “gobierno Frankenstein” como el que intentó hacer Pedro Sánchez con la ayuda de Podemos y de los independentistas catalanes y vascos habría sido un horror”. La necesidad obliga y, como ha reconocido el propio presidente, estamos ante un Gobierno débil que necesita el apoyo de los demás grupos para sacar adelante sus proyectos. Una legislatura de los milagros, como ocurrió en la segunda mitad de los años setenta cuando a Adolfo Suárez no le quedó más remedio que entenderse con Felipe González. El consenso parlamentario de aquellos años evitó la quiebra económica de España y permitió la elaboración de una Constitución que fue aceptada tanto por la izquierda como por la derecha, lo cual no había sucedido antes en nuestra historia.
Cuando un gobierno cuenta con mayoría absoluta no puede hacer unapolítica deconsensoporqueni se lo permite su propio partido ni la oposición se lo acepta. Así ha sido durante los últimos cinco años de gobierno del Partido Popular, enlosquesehansupeditadolosintereses del Estado a los intereses electorales. Así ocurrió con los presupuestos generales del 2012, que Montoro no presentó hasta después de que se celebrasen las elecciones en Andalucía, perdiendountiempoprecioso. Así volvió a suceder con las medidas que aprobaron durante los cien primeros días, que tuvieron una motivación más propagandística que reformista, como se puso de manifiesto cuando la inmensa mayoría de ellas resultaron defectuosas y hasta lesivas.
Por el contrario, ahora el Ejecutivo no tiene más remedio que consensuar una ley ómnibus, las