Populismo hídrico
Subsidios Hay que acabar con ellos, ya que fomentan la ineficiencia, benefician a quien más gasta y propician el clientelismo
El populismo es la respuesta de moda a una globalización que no sabe (o no quiere) repartir mejor los beneficios. Selecciona verdades con recorrido, mientras obvia lo que no interesa. Se combate educando a la ciudadanía y, sobre todo, atacando la raíz del problema (desigualdad social), uno de los mayores retos aunque, curiosamente, no el mayor. Según el Foro Económico Mundial, el discutible honor corresponde a las crisis del agua, que, propiciando discursos seductores, fascinan al populismo. El agua es un bien público, un derecho humano y, por tanto, materia política. Nadie pagará por ella más del 3% de sus ingresos y será gratis para los débiles. Verdades indiscutibles. Pero el populismo va más allá. Sostiene que la gestión del agua debe ser pública porque las empresas privadas, centradas en los beneficios, encarecen el servicio. Una simplificación, la experiencia lo demuestra, excesiva.
En los asuntos del comer y del beber no conviene marear la perdiz. Lo importante es que agua de calidad llegue, hoy y mañana, al grifo del ciudadano al menor coste. Factible desde empresas bien dirigidas (en sus tres niveles de decisión, técnico, gerencial y político) y económicamente sostenibles. Para ello deben recuperar, tal cual la directiva marco del Agua (DMA) exige, todos los costes. Un principio que sólo por ignorancia se puede cuestionar. Porque ¿puede alguien sensato pensar en gastar más de lo que tiene?
Un medio-largo plazo que exige un marco estable, con claras reglas de juego que den certidumbre a este mundo, y, como el agua urbana es un monopolio, controlar a las empresas, la tarea del regulador que falta. Yacabar con los perversos subsidios. Fomentan la ineficiencia, propician el clientelismo, son injustos (benefician a quien más gasta) y, centralizando gestión y dinero, favorecen la corrupción. Va en la condición humana. Ya les sucedió a los romanos con sus acueductos.
Fácil de decir y, como evidencia la judicialización del sector, difícil de hacer. Ahí está ATLL, ese ejemplo de libro. Sin reglas de juego claras, hay injerencias políticas, se cuestionan los acuerdos firmados en el contrato de concesión, se maleduca a la ciudadanía y, en fin, se discute el sagrado principio de la recuperación de costes. Urge, pues, ordenar tanto desorden y apostar por lo que se necesita, estabilidad, antítesis de la inmediatez populista. Su escaso interés por recuperar costes y, por tanto, por renovar infraestructuras dejará pesadas hipotecas a nuestros hijos. Hasta ahora subsidiadas con fondos de Bruselas y de las administraciones, deberán renovarse con las tarifas. Lo exige la DMA y no hay alternativa porque los subsidios se han acabado y las facturas se han de pagar. Las tarifas, pues, tienen que subir y los políticos olvidar la demagogia. Está en juego la viabilidad del servicio. Yno conviene experimentar con agua, que para tal menester está la gaseosa.