El límite al alquiler
Reforma Hay que retocar el sistema de arrendamientos urbanos, que se inclina demasiado hacia los intereses de los propietarios
Hace tiempo que el Ayuntamiento de Barcelona manifiesta su inquietud por el precio del alquiler y anuncia su intención de intervenir en un mercado que actualmente supone más del 30% del parque de viviendas de la ciudad para limitar sus precios máximos.
Vivimos en una sociedad que fija el valor de las cosas en función de la oferta y la demanda. Y en Barcelona no hay un stock de viviendas suficiente para hacer frente a una demanda que justo empieza a despertar. Trasladar la limitación de los precios exclusivamente al sector privado supone eludir responsabilidades.
Las administraciones tienen la obligación de invertir para crear vivienda asequible. Pedir al sector privado que limite los alquileres, sin especificar de qué manera o a cambio de qué, crea inseguridad entre aquellas personas que han invertido sus ahorros en una propiedad y que ahora se pueden encontrar con que ese dinero ha perdido su valor.
Hace falta retocar el actual sistema de arrendamientos urbanos, que se inclina demasiado hacia los intereses de los propietarios. Pero no se puede intervenir en el mercado sin tener en cuenta la realidad y la propia experiencia. En España las leyes de arrendamiento de vivienda de los años 1946, 1955 y 1964 no fueron en absoluto positivas para el alquiler.
Al ver limitados sus beneficios, los propietarios optaron por la venta como forma de recuperar su inversión, sembrando de esta manera el embrión de una forma de hacer absolutamente especulativa. La compra se convirtió en la única vía de acceso en la vivienda, los pisos desaparecieron del mercado del alquiler y los propietarios que los mantuvieron, recuperaron sus ganancias por la vía de la no inversión en mejoras.
Según datos recogidos por el arquitecto Ramón Betrán Abadía, Barcelona tenía en 1970 un total de 27.537 viviendas vacías, con un precio alto, al mismo tiempo que había una necesidad importante de residencias asequibles. Parece que volvemos a lo mismo.
La vivienda es un derecho y como tal debe ser protegida para garantizar que todos los ciudadanos puedan acceder a ella. Yla garantía de este derecho no se conseguirá imponiendo un tope, sino sabiendo ver que el origen no es otro que una oferta insuficiente.
La promoción de vivienda asequible es la única solución. Yesta se puede obtener a través de fórmulas diversas, como puede ser dar uso residencial a los numerosos bajos comerciales desocupados que hay en la ciudad. Ytambién se puede recurrir a la inversión directa o al acuerdo con los promotores a fin de que una parte de aquello que construyan se destine a vivienda protegida. Se ha hecho en barrios como el 22@, donde hay oficinas, vivienda social y vivienda libre. Hace falta afrontar el problema y no instalarnos en la queja de que la ciudad expulsa a la gente, porque a la gente se la expulsa cuando no hay previsión.