El Banco de España y el SMI
El Banco de España ha advertido de los efectos negativos que tendrá la reciente subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de 665,2 a 707,6 euros (en 14 pagas). Concretamente, La Vanguardia (3/IV/2017) publicaba que, con respecto a los trabajadores afectados (es decir, los que cobran el SMI o muy poco más), “el Banco de España calcula que un 3,5% de ellos perderán su empleo, porcentaje que subiría al 4,87% en el caso de los jóvenes y al 6,36% en el de los mayores de 45 años”. También calculaba los impactos que tendría subirlo hasta 950 euros en el año 2020, que se pueden resumir en una destrucción del 1,39% del total de puestos de trabajo.
Confieso que mi primera reacción fue de irritación. Teniendo en cuenta que el Banco de España no vio venir una enorme crisis financiera que se había estado fraguando en unas instituciones que tenía la obligación de controlar, ¿cómo se atreve a lanzar previsiones sobre un asunto que no es de su competencia, que es muy controvertido, y a lanzarlas, además, con dos decimales?
Dejando de lado la reacción inicial, la noticia suscita dos preguntas: ¿Son sólidas estas previsiones? ¿Qué importancia tendría su materialización? Empezamos por la solidez. La respuesta es que muy poca. De entrada, porque siempre hay que dudar de las previsiones hechas por economistas. En concreto, y en cuanto al salario mínimo, la cantidad de estudios que han tratado de calcular el impacto de sus aumentos sobre el empleo es enorme, pero las conclusiones son increíblemente confusas. La mayoría concluye que o bien no existe o que es despreciable. Recientemente, The Eco
nomist dedicaba mucha atención al tema a raíz de la decisión del Gobierno británico de subirlo un 34%, y se las vio negras para argumentar que, aunque no había evidencia clara al respecto, era de sentido común que, a la larga, los empresarios procederían a sustituir trabajadores por máquinas (por ejemplo, expendedoras de hamburguesas).
En este mar de incertidumbre, las previsiones del Banco de España se basan en un único estudio que el propio banco financió y publicó hace cinco años. Su metodología es muy cuestionable, ya que se basa en comparar la probabilidad de que un trabajador que cobrase el SMI o poco más perdiera su empleo después de los aumentos de los años 2005-2010 en relación con otro trabajador con las mismas características entre los años 2000 y 2004, años en los que el SMI no subió. El problema es que entre el 2005 y el 2010, además de subir el SMI, hubo una fenomenal destrucción de puestos de trabajo debido a una crisis a la que el estudio no presta ninguna atención. De hecho, el mismo estudio presenta un cuadro del que se puede deducir que la probabilidad de que un trabajador afectado por el aumento del SMI perdiera el puesto de trabajo era un 30% más elevada en el 2010 que en el 2004, pero también que, para un trabajador no afectado, la probabilidad (a pesar de ser más baja) había aumentado un 47%.
Es inevitable concluir que el Banco de España ha perdido una oportunidad de callar y que, puestos a decir algo, se podía haber ahorrado los decimales.
Ahora bien, supongamos que las conclusiones del Banco de España fueran sólidas como la roca, y que fuera verdad que si subiera el SMI hasta 950 euros, se destruirían un 1,4% de los puestos de trabajo actuales, que, lógicamente, se concentrarían entre los que están cobrando entre el SMI actual (707,6) y los 950 euros.
Hablamos de un total de 260.000 puestos de trabajo a nivel español y de 45.000 a nivel catalán. Aparentemente, el efecto es suficientemente negativo como para condenar la medida.
Ahora bien, esta impresión debe ser matizada con dos reflexiones. La primera es que estamos hablando de una subida que tendría lugar a lo largo de tres años, y que, al ritmo actual, en estos tres años se habrán creado en España 1,3 millones de puestos de trabajo, 320.000 de ellos en Catalunya. Así pues, no se trata de destrucción, sino de una ralentización relativamente moderada del proceso de creación.
Se podrá argumentar que la única prioridad debe ser crear puestos de trabajo, y que, por tanto, cualquier ralentización es indeseable. Ahora bien, ni el paro es el único problema de nuestro mercado laboral, ni la creación de cualquier tipo de puestos de trabajo es la única manera de combatirlo.
Una de las grandes patologías de nuestro mercado laboral (y, en mi opinión, la peor, porque es la causa de las otras) es la elevada proporción de puestos de trabajo ocupados por personas con cualificación baja. Estamos hablando de una proporción (en Catalunya es del 33%) que triplica la de cualquier país al norte de los Pirineos (donde se sitúa alrededor del 10%). Este hecho nos condena a ser un país relativamente poco productivo, poco equitativo y a no poder financiar el Estado de bienestar.
Teniendo en cuenta este hecho, ¿no sería razonable que nuestros empresarios recibieran una señal que les estimulara a pedir más calificaciones a sus trabajadores?
Ahora bien, ¿por qué nuestros empresarios se conforman tan a menudo con trabajadores poco cualificados? Lógicamente, porque, permitiéndolo el puesto de trabajo, les han de pagar menos que si fueran cualificados. De hecho, si nos preguntamos por qué los empresarios europeos al norte de los Pirineos contratan menos trabajadores con poca cualificación nos encontraremos con dos tipos de respuestas: porque el convenio colectivo requiere una titulación (normalmente de grado medio) y porque, de un modo u otro, no está permitido pagar tan poco como aquí: el salario mínimo en Alemania o en Francia equivale al 50% de su PIB per cápita, que, en nuestro caso, equivale a 1.000 euros al mes.
Por tanto, y a pesar de lo que insinúa el Banco de España, subir el SMI a 950 euros, en tres años, no deja de ser una buenísima idea.