La corrupción aún no se ha ido
Autocontrol Los dirigentes de los partidos pretenden que creamos que la corrupción y que la financiación ilegal es cosa del pasado
partido político cualquienecesita dinero, mucho o, para hacer frente a sus os gastos ordinarios y a los gastos derivados de las costosas campañas electorales, en las que durante muchos días se realizan todo tipo de acciones publicitarias y actos, comenzando por los mastodónticos y caros mítines.
Apartir de la necesidad de conseguir dinero para los partidos, durante años ha proliferado la corrupción. Las tramas al servicio de la financiación ilegal de los partidos políticos han sido numerosas. La financiación ilegal de los partidos y toda la corrupción que florece a su alrededor es un asunto del pasado (casos Naseiro y Filesa), del presente (casos Gürtel, Bárcenas, Palau, etcétera) y, con toda probabilidad tal como están las cosas, es un tema para el futuro.
En la actualidad, los responsables de los partidos pretenden que los ciudadanos crean que ya no hay corrupción en el seno de sus formaciones políticas y que la financiación ilegal es algo del pasado. Cuesta creer que esto sea así cuando no parece que los partidos actúen con decisión para impedir estas prácticas. La prevención del delito en el seno de una organización pasa, en primer lugar, por el autocontrol y no se adivina qué están haciendo los partidos en este sentido.
La reforma del Código Penal, operada por la Ley Orgánica 1/2015, creó el delito de financiación ilegal de los partidos políticos, estableciendo la responsabilidad penal del partido político si se prueba que se ha financiado ilegalmente. En este caso, el partido político puede ser condenado a pagar importantes multas, pero también a penas tan graves como la suspensión de sus actividades, la clausura de sus locales, la inhabilitación para obtener subvenciones e incluso la disolución del partido.
Precisamente, para evitar que la corrupción anidara en los partidos políticos y que en el seno de los mismos se cometieran delitos (singularmente, el de financiación ilegal), en la última modificación de la Ley Orgánica de Partidos Políticos se incluyó el artículo 9 bis, que estableció la obligación de que los partidos elaboraran y aplicaran sistemas de prevención de delitos. Los partidos políticos tenían tres años para cumplir esa exigencia, a partir del día 1 de enero del 2016, pero ha pasado más de un año y no hay constancia de que los principales partidos hayan implantado programas de prevención de delitos. Ninguno lo ha anunciado públicamente ni figura en sus páginas web, en las que, como mucho, encontramos “códigos éticos” o “códigos de buenas prácticas” con genéricas declaraciones de principios, en absoluto eficaces para impedir las posibles conductas delictivas.
La realidad demuestra que los partidos políticos no están por la labor de establecer sistemas adecuados para evitar la corrupción y, particularmente, su financiación ilegal. ¿Por qué será?