Luchar contra la pobreza energética exige mayor nivel de coordinación
La pobreza energética afecta a más del 11% de los hogares españoles, va en aumento y constituye un problema social de primera magnitud.
Las administraciones públicas, las entidades sociales y las compañías privadas deben activar su trabajo en red para cooperar con mayor eficacia en la lucha contra la pobreza energética en el país, que ha crecido mucho en los últimos años. Esta es una de las conclusiones del debate sobre este grave problema social que se ha celebrado esta semana en los En- cuentros en La Vanguardia. Los participantes han sido Salvador Busquets, Director de Cáritas Diocesana de Barcelona; Enric Morist, Coordinador de Creu Roja de Catalunya; Llum Delàs, Directora de la Fundació de l’Esperança y Presidenta de la Fundació Roure; Alberto Núñez, Director del Servicio de Pastoral de la Universidad Pontificia de Comillas y Pedro Cabrera, Catedrático y Responsable del Departamento de Sociología de la Universidad Pontificia de Comillas, juntamente con Martí Solá, Director General de la Fundación Gas Natural Fenosa y Alberto Gimeno, Director de Comunicación de Grupo Godó, que ejercieron de anfitriones.
En el transcurso del debate se puso de manifiesto la enorme dimensión del problema de la pobreza energética, que afecta a más del 11% de los hogares españoles, unos cinco millones de personas, así como también que la mejor manera de afrontarlo no pasa por buscar culpables sino por arbitrar soluciones eficientes que puedan facilitar la gestión de las diversas situaciones. Alberto Núñez, de la Universidad Pontificia de Comi- llas, señala que falta una visión global del problema y una mayor cooperación competencial entre todas las administraciones implicadas, el sector energético y las entidades sociales.
Todos los participantes coinciden en señalar que el empobrecimiento de una parte significativa de la población desde el inicio de la crisis, que ha llevado a una cronificación de la pobreza, es el verdadero problema de fondo, tanto en Catalunya como en el resto del Estado.
Según explica Enric Morist, el 80% de las 260.000 personas que atiende la Cruz Roja en Catalunya no puede pagar sus facturas energéticas. El crecimiento es exponencial, ya que el indicador de pobreza energética ha crecido cua-
renta puntos en los últimos años. Uno de los problemas deriva de que el 15% de las contrataciones laborales está por debajo de los ochocientos euros mensuales, lo que explica que ni trabajando la gente puede salir de la pobreza. “La prueba –dice-es que un 40% de la gente a la que ayudamos son personas que tienen un empleo”.
Salvador Busquets destaca igualmente la virulencia que registra del fenómeno de la pobreza energética. Desde 2009, el segundo año de la crisis, hasta 2015, las aportaciones de Caritas Diocesana para paliar la pobreza energética se multiplicaron por veinte, hasta el punto que tuvieron que abrir una nueva línea de ayuda para el pago de suministros. Se trata, además, de una pobreza nueva, ya que el 80% de las personas que piden ayuda energética nunca antes había conectado con los servicios sociales.
Salvador Busquets reconoce la importancia que ha tenido la legislación aprobada por la Generalitat que impide el corte de los suministros energéticos por parte de las compañías a los clientes certificados como vulnerables por los servicios sociales.
El principio de precaución obliga a las compañías, antes de cortar el suministro a sus clientes por falta de pago, a preguntar a los servicios sociales sobre la situación de la familia. Pero esto funciona muy mal, según coinciden todos los asistentes, porque los servicios sociales están colapsados de trabajo burocrático. Martí Solá, desde la Fundación Gas Natural Fenosa, afirma que la comunicación entre servicios sociales y compañías energéticas se realiza a través del correo electrónico y ello hace que sea laborioso y poco preciso. “Se hace necesaria -afirma- la creación de un registro único de clientes vulnerables”.
Martí Solá dice que aproximadamente el 50% del recibo de electricidad corresponde a cuestiones de políticas energéticas, subvenciones e impuestos, como el IVA, que nada tienen que ver con la producción, transporte y distribución de la misma. Asu juicio es una incoherencia económica para todos los consumidores, y especialmente para las familias más vulnerables, que se ven obligadas a asumir un sobreprecio que debería canalizarse hacia los presupuestos generales del Estado. Salvador Busquets coincide en esta opinión y, asimismo, destaca el problema que ha supuesto el elevado aumento que han registrado los costes energéticos en los últimos años.
A juicio del director general de la Fundación Gas Natural Fenosa una vía muy efectiva para reducir el coste energético de las familias vulnerables, además de la revisión de la estructura tarifaria, es la del ahorro de energía a través de una mayor eficiencia en el consumo y en el aislamiento térmico de las viviendas, ya que buena parte de ellas no se hallan debidamente acondicionadas. Por eso la Fundación Gas Natural Fenosa ha puesto en marcha de un plan para mejorar la eficiencia energética de los hogares vulnerables a través de medidas sencillas y baratas con las que pueden rebajar sensiblemente el coste de las facturas. Lo primero que ha hecho la fundación, después de estudiar a fondo la problemática, ha sido diseñar hasta setenta medidas de bajo coste para mejorar la eficiencia de las viviendas, con acciones que pueden llevar a cabo las propias familias. Este conjunto de medidas se ha recogido en la publicación del libro “Rehabilitación exprés para hogares vulnerable. Soluciones de bajo coste”.
La citada fundación, además, ha creado la Escuela de Energía, en dónde se forma a personal de entidades sociales, y también a las familias que sufren pobreza energética, para asesorarlas y que puedan aplicar medidas que mejoren la eficiencia energética de los hogares.
Enric Morist, asi como el resto de participantes, están de acuerdo con Martí Solá en que hay que ayudar a las familias vulnerables en el ahorro del consumo. También coinciden todos los participantes en la importancia de las ayudas públicas, como el bono social aprobado por el Gobierno, pero reconocen que los trámites administrativos para conseguirlo son difíciles de llevar a cabo por familias que normalmente están cargadas de problemas, y que las entidades sociales han de llevar a cabo una labor constante de ayuda en este aspecto.
Llum Delàs insiste en que tanto el bono social como el certificado de vulnerabilidad son complicados de obtener, al igual que sucede con el conjunto de ayudas públicas, y lamenta que los servicios de asistencia social actúen con lentitud, falta de medios y escasa eficacia, ya que se encuentran colapsados. “De ahí -señala- la importancia que tienen las entidades sociales que trabajan cerca de las personas con problemas”. Asu juicio debería existir una ventanilla única que gestionase el conjunto de prestaciones sociales a medida de cada persona, ya que las situaciones de pobreza son muy variadas. “En este sentido –dice- las entidades de proximidad procuramos realizar una atención integral a la pobreza. Hayque pensar que hay gente que no dispone de dinero ni siquiera para pagarse el transporte”.
También –señala asimismo Llum Delàs– es necesario llamar la atención sobre la pobreza cultural, de la que se habla poco, y que condiciona mucho el conjunto de problemas que sufren las personas vulnerables. Por ello insiste en la necesidad de incrementar la atención a este colectivo, ya que la mayoría de trámites que impone la Administración son muy complejos y no están al alcance de la comprensión de muchas personas.
Tanto Llum Delàs, desde la Fundació l’Esperança, como Salvador Busquets, desde Cáritas Diocesana, ponen de manifiesto el enorme problema de acceso a la vivienda que tiene nuestra sociedad y que se refleja en el aumento del realquiler y de las ocupaciones de pisos por necesidad económica, al margen de las que realizan las mafias organizadas. “La superación del problema -señala Salvador Busquets- pasa por la transferencia de rentas desde el Estado y por la inversión pública en vivienda social”.
Pedro Cabrera, desde la Universidad Pontificia de Comillas, afirma que el derecho a la energía está en la base del derecho a vivir con dignidad como ser humano y, en este sentido, es responsabili- dad de la política, del Parlamento y del Gobierno, arbitrar los mecanismos necesarios para garantizarlo. “Las entidades sociales no pueden sustituir las obligaciones de la Administración”, señala.
La pobreza energética –explica también Pedro Cabrera- aísla a las personas de la sociedad. No sólo afecta a la calefacción, o al aire acondicionado en las zonas del país más calurosas, a la posibilidad de cocinar caliente y a la disponibilidad de luz, sino también a la conexión del ordenador y al cargador del móvil. Llum Delàs dice que hay situaciones verdaderamente dramáticas. Enric Morist alerta del riesgo real de que una parte importante de la población desconecte de la esperanza de poder llevar una vida digna. Salvador Busquets, al respecto, afirma que las familias vulnerables se quedan sin apenas recursos después de pagar el alquiler y los recibos de los suministros energéticos, que para ellas son dos gastos prioritarios.
Alberto Núñez explica que la problemática generada en torno a la pobreza energética en los últimos años hizo reflexionar a los miembros del Instituto de Ingenieria Tecnológica de la Universidad Pontificia de Comillas sobre el problema en el conjunto del país. Araíz de ello decidieron crear la cátedra de Energía y Pobreza para analizar la dimensión del fenómeno y abrir un foro a todos los agentes y entidades involucrados para avanzar en el diseño de soluciones eficaces para hacer frente al problema. Pedro Cabrera, también de la misma universidad, destaca la necesidad de conocer a fondo la realidad del problema para poder acertar en la toma de decisiones.
El reto que tenemos -añade Pedro Cabrera- es poder visibilizar la pobreza energética con el máximo número de indicadores, ya que la mera medición monetaria y el pago de los recibos de los suministros impide ver el problema en toda su dimensión y buscar soluciones para el conjunto de la sociedad.
Martí Solá pone como ejemplo que las nuevas ayudas que ha establecido el Ministerio de Fomento para la rehabilitación de la vivienda social computarán como incremento de ingresos de las familias vulnerables y eso las dejará sin derecho a las otras ayudas sociales que reciben. “Es necesario –dice– un consenso político e institucional a nivel país, para abordar la lucha contra la pobreza de forma integral y coordinar las diversas actuaciones”.
Un registro único de clientes vulnerables es clave para la gestión de la pobreza energética La norma que protege a la gente más pobre no basta para resolver el problema Las familias sin recursos no deberían pagar los impuestos ni los costes extra de la energía El papel de la Administración El trabajo de las entidades sociales no debería sustituir las obligaciones de las administraciones públicas ante un problema que tiene un
gran impacto en la sociedad