En los próximos años serán necesarios 4.500 millones anuales para afrontar el incremento del gasto en pensiones
La reforma de las pensiones es, sin lugar a dudas, la principal cuestión que abordar en esta legislatura. Así se lo ha confesado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a diferentes portavoces de la oposición. Sin embargo, la fragmentación del arco parlamentario, el clima de enfrentamiento político y la cercanía delas elecciones municipales, autonómicas y europeas, hace prever que todo quede en agua de borrajas. Esto es lo que se va a visualizar en el Congreso de los Diputados en el pleno que se celebrará el miércoles.
La incapacidad de la nueva fragmentación partidaria para alcanzar acuerdos es lo que ha hecho saltar por los aires el pacto de Toledo. Aquella iniciativa se adoptó con la única finalidad dequelas pensiones no se utilizasen como arma electoral. Eso permitiría a diferentes gobiernos afrontar las dolorosas reformas que serían inevitables sin miedo a perder las elecciones. Es decir, lo contrario de lo que está pasando ahora, razón esta por la que nuestra clase política se ha convertido en uno de los principales problemas que tiene el país.
El pacto de Toledo se firmó en julio de 1995 porque existía una clara conciencia por parte de grupos parlamentarios de que resultaba imprescindible poner las bases para evitar que las futuras generaciones tuvieran una vejez pobre. No podemos olvidar que en 1996 Felipe González dejaría el gobierno a José María Aznar con undéficit en el sistema público de pensiones de medio billón de pesetas de la época.
Aquel acuerdo parlamentario permitió que se dejara de hacer subidas de pensiones electoralistas, lo que facilitó la creación de un Fondo de Reserva. La mal llamada hucha, que no estaba destinada sino a compensar las diferencias entre los ingresos y los gastos en la Seguridad Social enmomentosdecrisis, quees lo que ha pasado ahora.
Elenvejecimientodelapoblación ha puesto de manifiesto que las medidas adoptadas hace veinte años resultabantotalmenteinsuficientes para evitar que el sistema volviese a entrar en quiebra. Las pensiones no pueden subir lo mismo que la inflación. Su evolución depende sólo y exclusivamente de la riqueza que es capaz degenerar el país, del nivel de endeudamiento y del envejecimiento de la población.
Es decir, no queda otra solución que rebajar el poder de compra de las pensiones ysubir la edaddejubi- lación de los futuros pensionistas. Y esto es así gobierne quien gobierne, como puso de manifiesto Rodríguez Zapatero cuando bajó las pensiones por decreto ley y consensuó con Rajoy un cambio exprés de la Constitución para garantizar que los rentistas tuviesen prioridad de cobro frente a los pensionistas. Una decisión que evitó el rescate de España, peroquenohasidosuficiente. Seprevéqueesteañoylossucesivos sean necesarios 4.500 millones anualesparaafrontarelincremento del gasto en pensiones, como consecuencia del mayor número de pensionistas y de la previsible revalorización de las prestaciones.
A Pedro Sánchez no le impresiona. Quiere ganar las elecciones sea como sea. No contento con haber prometido revertir la reforma de la Constitución, ahora quiere eliminar la reforma que hizo el PP. Es decir, pretende indiciar de nuevo la subida de las pensiones con la inflación y que sean las empresas las que asuman el agujero, aunque se incremente el paro, que es nuestro auténtico problema como país. Lo de Podemos resulta aún más temerario. Propone adelantar la jubilación a los 60 años. Pero Ciudadanos, ni está ni se le espera. Por su parte, el PP está débil y parece que terminará cediendo y aplicará una subida del 1,6% (la inflación prevista) por decreto ley. Dicho de otra manera, la única manera de evitar una vejez pobre es ponerse a ahorrar, y cuanto antes, mejor.