Cae el consumo y los salarios se retrasan

a esta situación. El economista pone como ejemplo de la desconfianza de los propios argentinos el hecho de que el exitoso y monumental blanqueo de capitales que culminó el año pasado –el mayor del mundo– con el afloramiento de 116.800 millones de dólares (101.000 millones de euros), apenas conllevó la repatriación de 7.000 millones de dólares, pues no era obligatorio. Ni siquiera varios ministros y altos funcionarios que blanquearon su dinero en el exterior lo repatriaron, aunque hay que tener en cuenta que buena parte de esos capitales corresponden a inmuebles.

La enésima crisis argentina comenzó cuando a finales de abril la subida de tasas en EE.UU. espoleó la huida de capitales de los países emergentes, provocando una corrida cambiaria que obligó al Banco Central a vender dólares para frenar la devaluación de la moneda local que, de todas formas, cayó un 20% en los primeros días de mayo. La subida de tasas al 40% no detuvo la corrida y Macri apretó el impopular botón rojo del Fondo, cuya sola mención provoca pesadillas entre los argentinos, que vivieron el corralito y la debacle del 2001.

Tras un mes de negociaciones, gobierno y FMI anunciaron un préstamo stand-by (derecho de giro) a tres años que la Casa Rosada vendió como “innovador” y muy ventajoso para Argentina porque “protege especialmente a los sectores más vulnerables”. La lógica reducción del déficit que el organismo pide como contrapartida y que debería llegar a cero en el 2020 se tiene que hacer recortando el gasto en 19.500 millones de dólares (16.864 millones de euros) por la vía de la cancelación de obras públicas, la reducción de la plantilla de funcionarios y la eliminación de los subsidios a las tarifas de servicios, pero salvando, en principio, los programas de ayudas sociales instaurados por el kirchnerismo. La retirada de dichos programas supondría un estallido social que Macri no puede permitirse a año y medio de unas presidenciales donde está en juego la continuidad del modelo liberal. Por ello el acuerdo con el FMI establece una cláusula que permite al gobierno desviarse un 0,2% de las metas fiscales para cubrir las asignaciones a las clases más bajas.

Pero a pesar del acuerdo los mercados seguían desconfiando, la presión sobre el peso continuaba y el emisor seguía desprendiéndose de dólares. A pocos días de llegar la primera transferencia del Fondo, el presidente dio un golpe de timón para tratar de dar aún más seguridad a los inversores: forzó la dimisión del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, y puso en su lugar al hasta entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, una persona de su entera confianza con larga trayectoria en el mundo financiero internacional que, además, se ocupó de zanjar el contencioso con los fondos buitres. El titular de Hacienda, Nicolás Dujovne, quedó como súperministro al sumar la cartera de Finanzas.

Y pocos días después, otros dos cambios significativos. Macri relevó al ministro de Producción, Francisco Cabrera, para nombrar a Dante Sica, un economista experto en consumoquetiene comomisión apoyar el financiamiento de las pimespara que resistan y controlar la inflación para impedir que los precios se disparen, algo que parece imposible. Sica ha amenazado con multas a las empresas que “abusen de los precios”.

En la misma línea, el mandatario echó al ministro de Energía, Juan José Aranguren, expresidente local de Shell y reacio a intervenir para evitar que se dispare el precio de la gasolina y las tarifas de suministros, y nombró a Javier Iguacel con el sensible encargo de negociar con las petroleras y las energéticas para moderar el impacto de la inflación en el sector a cambio de la prórroga de concesiones.

No obstante, el aumento de precios ya se nota en algunos sectores. La retracción del consumo es un hecho. El empleo cae y los despidos en el sector público han comenzado. Los salarios se atrasan y los sindicatos peronistas levantan su voz con más motivos que en an- teriores ocasiones. La Confederación General del Trabajo (CGT) organizó el lunes pasado con éxito la tercera huelga general contra este gobierno para pedir la actualización de los sueldos y la contención de las tarifas. Incluso la Iglesia Católica argentina, controlada al detalle por el Papa, apoyó implícitamente el paro. Jorge Lugones, responsable de la Pastoral Social y uno de los obispos más cercanos a Francisco, defendió la huelga como “una herramienta que propone la doctrina social de la iglesia cuando se dan situaciones de injusticias sociales”.

Con un tercio de argentinos bajo la línea de la pobreza, según datos oficiales, el caldo de cultivo está creado. Tres millones de personas viven en las villas miseria del área metropolitana de Buenos Aires. Una pobreza enquistada que “no nace hoy, sino después de años y años de políticas donde los pobres han sido dejados de lado o instrumentalizados”, asegura Marco Gallo, uno de los responsables de la Comunidad de San Egidio en Argentina. “Es verdad que la situación económica para la clase media empieza a ser complicada; si esto pasa en la clase media, imagina la repercusión en los más pobres”, agrega Marco Gallo a Dinero, reconociendo que el clima social está enrarecido.

“El peronismo sabe que no hay lugar para la locura”, dijo Macri hace unas semanas, ante la tentación de que los sectores más radicales del justicialismo, fraccionado y sin liderazgo, aprovechen para revolucionar la calle. “Se puede gobernar sin el peronismo pero no contra el peronismo”, recuerda Pignanelli, que representa al sector más conservador y moderado del movimiento fundado por Perón.

Los negocios con beneficios prefieren sacarlos al extranjero que reinvertir en el país Argentina afloró 101.000 millones de euros, pero sólo unos 6.000 se repatriaron