La Vanguardia - Dinero

La CEOE carga contra el alza

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sión no estaba “madura”, aunque en las últimas horas se inclinan por aplicar un nuevo impuesto a las transaccio­nes bancarias. Loquetiene claro la ministra es que el negocio bancario “aún” nocontribu­yede manera suficiente al fisco.

Actualment­e el sector bancario ya tiene untipo impositivo en sociedades (30%) superior al general (25%). El problema es que vía deduccione­s o a través de activos fiscales (pérdidas de ejercicios anteriores) ese tipo teórico se reduce enormement­e hasta llegar a cero en algunos casos. Precisamen­te, la introducci­ón de un tipo mínimo de sociedades en el 15% para las empresas que facturan más de ocho millones de euros trata de poner coto al abuso en la utilizació­n de las deduccione­s.

David del Vale, economista de

La presión fiscal en España en el 2016 se situó en el 34,1% del PIB. La cifra está más de 7 puntos por debajo de la media de la zona euro: 41,5% El Gobierno quiere situar el tipo mínimo para grandes empresas en el 15%. Si bien el tipo general va del 25 al 30%, el efectivo es del 12% según Hacienda

AFI, considera normal que en un proceso de crisis como el atravesado “haya un desfase” en los tipos efectivos de sociedades y aún paguen poco. Muchas empresas y, especialme­nte los bancos, disponen de activos fiscales derivados de pérdidas del pasado con los que se puede minorar el pago de sociedades. El presidente del Consejo de Economista­s, Valentí Pich, avisa que con el tipo mínimo de sociedades puede haber un problema en su aplicación. Pich recuerda que el grupo de 700 mayores empresas españolas aportan la mitad de la recaudació­n. Suelen ser empresas muy internacio­nalizadas. “Puede haber un problema de doble imposición porque muchas de esas empresas tienen ingresos de cosas que ya han pagado en el extranjero”, añade.

El Ejecutivo de Sánchez necesita más dinero para hacer frente a mejoras prometidas en sanidad, dependenci­a, ciencia o infraestru­cturas. Ytambién para lidiar con desfases presupuest­arios de calado que lastran desde hace años el cumplimien­to del objetivo de déficit público. En especial, el de la Seguridad Social. La famosa hucha de las pensiones quesecreó para garantizar el pago de las prestacion­es en caso de infrafinan­ciación del sistema se ha quedado reducida a poco más de 8.000 millones. El nuevo Gobierno aprobó este mesuncrédi­to de 7.500 millones para pagar la extra de los pensionist­as y, salvo cambios inesperado­s, en Navidad será necesario volver a recurrir a una medida similar. Pero es que además, la subida de las pensiones pactada por el anterior Gobierno implica un sobrecoste sólo este año de 1.522 millones. Para poner un ejemplo teórico, si se quisiera enjugar el déficit e la Seguridad Social, cercano a los 18.800 millones, con el impuesto de sociedades la recaudació­n deeste tributo debería aumentar más de un 80%.

La voluntad política expresada por la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, es acabar con el desfase presupuest­ario de la Seguridad Social en tan sólo cinco años. En su plan, aún por concretar, figura un aumento de las cotizacion­es con mayor cobertura para colectivos como los parados de mayor edad o las mujeres que cuidan a familiares dependient­es, más ingresos por la lucha contra el fraude y la baza de aumentar las cuotas sociales para los afiliados con los salarios más altos. También prevé transferir a los presupuest­os generales del Estado gastos de gestión, permisos de paternidad y maternidad o tarifas planas para autónomos que ahora corren a cargo de la Seguridad Social: un cambio que supondría aliviar en más de 6.000 millones la presión sobre la Seguridad Social... pero que habría que cubrir vía impuestos.

Rafael Domenech, responsabl­e de análisis macroeconó­mico de BBVA Research, avisa de que una subida de los impuestos para reestablec­er el equilibrio de las cuentas de la Seguridad Social rompe con el principio de contributi­vidad y corre el riesgo de “generar distorsion­es que afectarían negativame­nte al empleo y la actividad económica”. “Hay que buscar un mix adecuado entre redistribu­ción y eficacia”, defiende.

La banca, entre los señalados por Hacienda para que contribuya­n a financiar las pensiones con un impuesto específico, defiende que la solución al sistema público debe ser desde un enfoque global. Las patronales CECA y AEB insistiero­n esta semana en que el sector bancario sólo representa el 3% del PIB. Pero todas las alarmas se dispararon cuando, el sector y el propio Banco de España amenazaron con un incremento del coste de los créditos si se aumentaba la carga impositiva. La asociación de técnicos de Hacienda Gestha estima que el posible impuesto dejaría exento “como mínimo”, el 94% del beneficio de las entidades, por lo que apenas afectará a la solvencia del sector. Si el impuesto fuera similar al del Reino Unido y Austria, la recaudació­n llegaría a los 1.900 millones anuales, según Gestha. En cualquier caso, insuficien­te para resolver el problema de la Seguridad Social.

Los sindicatos defienden la subida de impuestos para acabar con la brecha que separa a España del resto de Europa en presión fiscal. El año pasado la presión fiscal (recaudació­n respecto a PIB) fue del 34,1% en España frente al 41,5% de la zona euro. “Lo de que se pagan mucho impuestos en España es casi una afirmación de ‘cuñadísimo’”, bromeó Unai Sordo, secretario general de CC.OO., antes de pedir una mayor redistribu­ción de la riqueza vía la política fiscal.

PRESIÓN FISCAL

IMPUESTO DE SOCIEDADES

34,1%

España

15%

Propuesta

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JUAN CARLOS HIDALGO / EFE

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