900 euros: luz en la confusión
El Gobierno socialista y Podemos han acordado subir el salario mínimo interprofesional de los 736 euros/mes actuales a 900 euros en el año 2019, lo que representa un aumento del 22% de un día para otro.
Dejando de lado otras voces menos interesantes, vale la pena analizar los argumentos que ha utilizado en contra de esta propuesta el gobernador del Banco de España. Esencialmente, se trata de los siguientes. Primero, que “la evidencia empírica disponible sobre los efectos de subidas del SMI ofrece una elevada variedad de resultados, si bien, en general, tiende a identificarse que tiene un efecto negativo, aunque limitado, sobre el empleo”. Segundo, que “el incremento del salario mínimo en cuantías limitadas tiene poco efecto, pero tenemos pocas experiencias de subidas altas; hacia un 22%”. En estas circunstancias, el gobernador se atreve a pronosticar que se podrían perder el 0,8% de los puestos de trabajo, lo que representa un total de 150.000. Tercero, que “los colectivos más afectados serían los más jóvenes y los mayores con menor formación”.
¿Qué podemos decir sobre estos argumentos? Nos puede ayudar a responder un reciente artículo de Jesús Fernández Villaverde, profesor en la Universidad de Pensilvania, donde revisa el estado de la cuestión (“The economics of minimum wage regulations”). Adelantamos que Villaverde, como todos los economistas ortodoxos, considera que el salario mínimoes una aberración que sólo puede ser explicada como consecuencia de la presión combinada por parte de sinvergüenzas por un lado y de ignorantes por el otro (“bootleggers and baptists”).
Villaverde comienza analizando los efectos del salario mínimo a la luz del modelo estándar de la teoría económica. Según este, es inevitable que el salario mínimo genere paro, ya que los empresarios despedirán a los trabajadores con una productividad menor que el SMI. ¿Cuántos trabajadores? Dependerá de la elasticidad de su demanda por parte de los empresarios.
Hecha esta tautológica introducción, Villaverde pasa a considerar la evidencia empírica, que, como decía el gobernador del Banco de España, no ha puesto de manifiesto pérdidas de puestos de trabajo significativas en ninguna parte. Este resultado no debe sorprendernos. Consideremos, por ejemplo, el caso de las camareras de piso que cobran poco más del SMI (lo cual es posible si, en vez de estar en nómina del hotel, lo están en la de una empresa subcontratista). Su patrón deberá subirles el sueldo actual de 736 euros/ mes hasta 900 euros a partir del 1 de enero del 2019. Para que el hotelero y el subcontratista mantengan los mismos beneficios, el precio de la noche de hotel deberá subir en... 0,50 euros. ¿Algún hotel cerrará? ¿Algún turista dejará de pernoctar? ¿Algún hotelero se pondrá a limpiar habitaciones? No, ninguna camarera de piso perderá su trabajo. En la medida en que este razonamiento es igualmente aplicable a la mayor parte, si no a todos, los sectores afectados (la limpieza, la comida rápida, la atención a las personas...) se explica la falta de evidencia empírica que sustente las previsiones catastrofistas de los contrarios a la subida del SMI.
Consciente de esta dificultad, Villaverde propone un segundo argumento: que la elasticidad de la demanda de trabajadores sería rígida a corto plazo (los hoteles están hechos y no hay manera de reorganizarlos), pero que, a la larga, en la medida en que las inversiones se renueven, los empresarios elegirán tecnologías más intensivas en capital para ahorrar trabajadores. En apoyo a este argumento recuerda que, por ejemplo, la industrialización tuvo lugar en Inglaterra y no en Francia o en Asia justamente porque la mano de obra era más cara.
¿Qué podemos decir sobre este segundo argumento? Pues que precisamente la razón por la que en España es urgente que el SMI suba como mínimo a 900 euros es porque es vital estimular a los empresarios a comportarse de la manera que Villaverde presenta como temible. Consideremos los hechos.
En los últimos, veinte, treinta años, España es el país de Europa Occidental (con la excepción de Irlanda) que más empleos ha creado. Como no ha tenido suficiente con los autóctonos, ha tenido que importar inmigrantes en mayor proporción que ningún otro país. Ahora bien, al mismo tiempo, la productividad por hora trabajada ha crecido poquísimo (sólo por encima de la de Italia). Una de las razones es que los empresarios contratan una proporción de trabajadores con escasa formación que triplica la de cualquier país al norte de los Pirineos. Concretamente, la proporción de ocupados de entre 30 y 34 años que tienen como máximo la ESO está estancada en el 30% desde hace diez años (antes era superior), mientras que en nuestro entorno raramente supera el 10%.
¿Que el SMI a 900 euros inducirá –a la larga– un cambio en la contratación de trabajadores de manera que se les exija mayor productividad? ¿Que esto hará que jóvenes que han abandonado los estudios tengan dificultades para encontrar trabajo? ¡Pero si esto es exactamente lo que necesitamos! Constituiría el primer paso en el “cambio de modelo productivo”, que no sabemos cómo abordar, y la mejor medida contra el abandono escolar prematuro, fenómeno en el que España es líder europeo indiscutible. En definitiva, bienvenidos sean los 900 euros si provocan lo que Villaverde y el gobernador vaticinan.
Una última cuestión. ¿Que una subida del SMI del 22% es demasiado brusca? Sin duda sería mejor hacerlo progresivamente, pero tampoco hay que exagerar. El primer salario mínimo en Europa lo introdujo Winston Churchill en el Reino Unido en 1910. El colectivo afectado más emblemático fue el de las costureras, cuyo salario casi se duplicó.
Se duplicó, y las crónicas no consignan que el sector se hundiera inmediatamente después.