Cómo repartir la riqueza
Subir el salario mínimo y las pensiones favorecerá el consumo y el crecimiento, pero puede poner en peligro la competitividad
Existe un amplio consenso entre las élites de que ha llegado el momento de repartir la riqueza. El problema es cómo hacerlo sin dañar la competitividad de las empresas y sin agravar más el déficit y la deuda pública que se sitúa entre las más elevadas de la UE. Este es el núcleo de la política económica que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha encargado a Nadia Calviño. Un sudoku que tendrá que pactar con sus “socios preferentes” de Unidas Podemos y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Este será el ADN del gobierno “progresista” en negociación.
Una de las primeras medidas que adoptará este hipotético gobierno de coalición entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias será subir el salario mínimo interprofesional (SMI) por encima de los 1.000 euros al final de la legislatura. Esto supone un incremento anual del 8%, tras la subida este ejercicio del 22,3%.
La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, preferiría que el SMI para el próximo año lo fijaran los agentes sociales, como ha pedido la patronal CEOE. Pero en el caso de no llegarse a una solución, el ejecutivo impondría su criterio de situarlo en el 60% del salario medio en el 2023. Una “auténtica barbaridad”, según el presidente de los empresarios, Antonio Garamendi, quien amenaza con bloquear la negociación colectiva. No piensan así ni los sindicatos, ni Podemos, ni ERC, quienes coinciden en que es el mejor camino para terminar con el “austericidio” y repartir la riqueza. Por tanto, si Sánchez consigue formar un gobierno “progresista” y de “izquierdas”, la subida sería aprobada “cueste lo que cueste”.
La consecuencia es que se impulsaría al alza el salario mínimo de convenio y, por tanto, el incremento de los costes laborales por empleado para las empresas situado en 2.553 euros de media. Este aumento reforzaría el consumo interno y el crecimiento del PIB en un momento de desaceleración. También permitiría incrementar los ingresos de la Seguridad Social y paliar su déficit, como consecuencia del incremento del gasto en pensiones. El problema es que las empresas se verían obligadas a subir sus precios y en una economía tan abierta como la española perderían competitividad. Esto supondría que los españoles consumiríamos productos fabricados en el exterior, por lo que se estaría creando empleo en otros países y paro en el nuestro. Las empresas se verían obligadas a deslocalizarse o cerrar.
Es indiscutible que el SMI supone una barrera de entrada en el mercado laboral y que cuanto más alta sea, menos trabajadores serán contratados, sobre todo los más débiles. Para un país como España, con una de las tasas de desempleo (14%) más elevadas de la UE y con 3,2 millones de parados, es una medida más que polémica. Llama la atención que un gobierno progresista dé prioridad a los trabajadores empleados, antes que a los parados. Sánchez, Iglesias y Junqueras deberían preguntarse si se reparte mejor la riqueza subiendo salarios o creando más empleo. No se puede soplar y sorber al mismo tiempo.
La otra medida estrella del hipotético “gobierno progresista” es indiciar las pensiones a la inflación. Es decir, que, aunque la economía vaya mal, el gasto en pensiones siga subiendo a costa de aumentar el déficit y el gasto público. Esto permitiría a los jubilados mantener su poder de compra, como ha pasado durante los años de recesión, aunque se hunda la economía. Según los economistas ortodoxos esto es “pan para hoy y hambre para mañana”.
Los expertos sugieren que el incremento de las pensiones se ligue al incremento de la productividad: “Si se es más rico, porque se produce más y mejor, se puede distribuir más riqueza, como ocurre en los países más desarrollados. Pero al parecer esto no es progresista”.