Vivienda con conciencia social
Euskadi lanza medidas pioneras como movilizar pisos vacíos, comprar activos a la Sareb y usar la fiscalidad para controlar el precio del alquiler
Pamplona
El derecho a una vivienda digna trasciende en Euskadi el habitualmente escaso peso del papel. No es un mero enunciado. La primera comunidad autónoma en reconocer la vivienda como un derecho subjetivo, y por tanto exigible ante las instituciones, ha desarrollado un ambicioso e innovador modelo de alquiler social, un plan integral que recoge desde la compra de pisos a la Sareb y la movilización de viviendas vacías, hasta la rehabilitación urbana y el uso de la fiscalidad para controlar los precios del mercado libre.
“La plasmación en una norma –la ley de Vivienda del 2015- como un derecho subjetivo hace que éste vaya más allá de un principio general”, explica Pedro Jáuregui, viceconsejero del departamento de Vivienda. A quienes lo reclaman –el requisito de ingresos es de un máximo de 25.000 euros anuales–, el Gobierno vasco les facilita un piso de alquiler o una ayuda para sufragarlo. El parque protegido de alquiler en Euskadi es de 22.000 viviendas, de las que 14.183 son gestionadas por la empresa pública Alokabide. 7.800 de ellas son propiedad directa del Ejecutivo autonómico.
Euskadi acaba de dar un paso pequeño pero definitorio en su estrategia. El Gobierno vasco y la Sareb han firmado la compra de nueve pisos al denominado banco malo para incorporarlo a su oferta de alquiler. Hasta ahora, este banco, en el que se concentró buena parte del ladrillo de la banca procedente de la burbuja inmobiliaria, había firmado convenios con nueve comunidades para alquilar esos pisos, pero ninguna se había lanzado a adquirir los inmuebles.
A pesar de su escaso volumen en el territorio –diez pisos cedidos frente a los 930 que tiene por ejemplo Catalunya-, la compra vasca abre un nuevo sendero. La adquisición se enmarca dentro de una operación de 50,1 millones a través de la cual el Ejecutivo vasco se ha hecho con 506 inmuebles más para arrendar. “Ningún gobierno se cuestiona inversiones en un sector como las comunicaciones, con la
Viviendas de protección pública en régimen de alquiler iniciadas en las comunidades autónomas en el 2018
Catalunya 195 7,9%
Castilla y León 275 11,1%
País Vasco 664 26,8%
Cantabria 148 6,0%
Navarra 55 2,2% vivienda debe ser igual”, recalca Jáuregui.
El esfuerzo en Euskadi para el periodo 2018-2020 no deja lugar a dudas: 1.119 millones frente a los 1.071 que dedicará el Estado en su plan para el conjunto de España. En el 2020, todas las promociones públicas serán para alquileres,
Andalucía 28 1,1%