Europa y la solidaridad en tiempos de crisis
Europa responde con titubeos, una vez más, ante la inesperada crisis que nos ha llegado desde Asia. Con un impacto en lo económico todavía por cuantificar, con una recesión que esperamos profunda pero corta, y con una pandemia que se ensaña con nuestros mayores, los ministros de Economía y Finanzas esbozan, por cuarto intento, la respuesta fiscal comunitaria ante la Covid-19.
Pero empecemos por aquello que de nuevo pudo ser y parece no será: la formalización de los coronabonos, esos títulos de deuda pública que deberían emitir conjuntamente instituciones u organismos europeos para lograr financiación en los mercados y mutualizar los riesgos. Aunque la idea de los eurobonos –su nombre original– es apoyada por la Comisión y por países como Francia, Italia y España, en la práctica compartir riesgos mantiene férreos detractores entre países con sus cuentas públicas mucho más en orden, como Alemania y los Países Bajos, contrarios a pagar los desajustes de las economías del sur.
No parecen convencerles los aspectos positivos que estos títulos implican: en lo político, un mensaje de unidad y coordinación, y en lo económico, un mejor acceso a los mercados de capitales que favorezcan la liquidez, poner freno a la especulación –en la anterior crisis, España se llegó a financiar a intereses del 6%– o la posible aceleración de la salida de la crisis.
En contraste, las últimas noticias apuntan a que la respuesta que se cocina en Europa llegará por partida triple. El formato estrella será la activación del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE), fondo de rescate creado en el 2012 con motivo de la crisis de deuda soberana y que cuenta con 410.000 millones de euros disponibles. Desde aquí se articularían, bajo diferentes modalidades, líneas de crédito flexibles condicionadas a destinar el dinero a los costes relacionados con la pandemia, con un préstamo máximo por socio del 2% de su PIB. La línea de crédito estaría disponible durante 12 meses, prorrogable por otros seis, y los préstamos serían reembolsables hasta en 10 años. Parece que no se aplicaría la condicionalidad reforzada y Bruselas no presionaría exigiendo cuentas.
El segundo pilar de la respuesta llegaría con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), dispuesto a colaborar con un nuevo Fondo de Garantías de 25.000 millones, con el que espera movilizar 200.000 millones en inversiones para respaldar préstamos del sector privado, principalmente a pymes. Bajo este paraguas también cabría la toma de participaciones en empresas en apuros. Por último, el nuevo instrumento de la Comisión para financiar con préstamos ventajosos los ERTE y esquemas nacionales similares destinados a evitar la destrucción temporal de empleo por el coronavirus estaría dotado con hasta 100.000 millones, previo aval del 25%.
El triste corolario a este plan B es que todavía habrá que luchar mucho por sacar adelante las medidas, teniendo en cuenta que naciones como los Países Bajos o Austria defienden endurecer las condiciones de acceso al MEDE y establecer condiciones específicas para cada país. El próximo martes la directriz del Eurogrupo volverá a ser decisiva y, con una nueva cumbre europea a la vuelta de la esquina, se hace imprescindible una reacción comunitaria coordinada, contundente y solidaria, a la altura del difícil momento que nos toca vivir.