Coordinación
Los beneficios de hoy son las inversiones de mañana y el empleo de pasado mañana. Por esta razón, la única solución para salir de la pandemia económica es apoyar a las empresas. Desde el Gobierno se debe crear un marco laboral, fiscal y financiero que les permita recuperarse del Gran Encierro. Es falso que haya una salida de izquierdas y otra de derechas, como dice Pablo Iglesias. Sólo hay una salida que funciona, y es la del sentido común. La caída de la productividad es tan profunda que exige ser más pragmático que ideológico, o al menos es lo que piensa la mayoría de los expertos con los que he hablado estos días.
Durante los momentos más críticos de la enfermedad los sindicatos han venido defendiendo que era más importante defender la salud de los trabajadores que los beneficios de las empresas. Grave error, ya que sin beneficios no hay empresas y sin empresas no hay empleo. Es tanto como hacernos elegir entre el virus y el paro. No son cosas contrapuestas, sino todo lo contrario. Las empresas han formado parte de la solución sanitaria.
Habría que hacer una lista de las empresas que han consensuado con sus trabajadores fabricar el material sanitario que la sociedad necesitaba y que el Gobierno no ha sido capaz de proporcionar. Desde el primer momento han ayudado con recursos económicos y materiales a combatir la Covid-19 sin que nadie se lo haya mandado y sin que nadie se lo haya reconocido. Y todo eso ha sido posible porque han tenido beneficios en el pasado. No son “el enemigo a batir”, como las ha presentado la ministra Yolanda Díaz. Todos, trabajadores y empresarios, estamos en el mismo barco, y si se hunde nos ahogamos todos.
La incorporación de los trabajadores a sus empleos tenía que haber sido pactada con los comités de empresa para fijar las condiciones que hicieran compatibles la salud y el trabajo. Siempre es mejor convencer que imponer. Ninguna guerra se gana encerrándose en casa, sino en el campo de batalla. Pero tampoco se puede mandar a los combatientes al frente armados con un lápiz. Ha habido empresas que se han buscado la vida para dotar a sus empleados del equipamiento adecuado, que les han hecho tests para separar a los que contagian. Lo sorprendente es que las autoridades les hayan requisado el material por entender que había otras prioridades. El Gobierno tenía que haberse provisto de lo que necesitaba en el mercado.
En cuanto a la salida de la pandemia económica, habrá que encontrar una solución para ayudar a los más necesitados y apoyar la economía productiva. No sólo hay que conseguir el dinero, sino saber gastarlo. Y mantener el espíritu del esfuerzo y los estímulos a la meritocracia. Un país subvencionado y adormecido por las ayudas y la deuda perpetua no puede prosperar. Tenemos que competir. Es el mundo en el que nos ha tocado vivir y eso no lo va a cambiar el coronavirus.
Y en este mundo nuestras empresas son nuestro ejército, y los emprendedores, nuestros generales. No se les puede marginar ni vilipendiar, porque son parte de la solución, no del problema. Tal vez unos pactos en la Moncloa sean menos interesantes que un acuerdo entre Gobierno, sindicatos y patronal como el acuerdo nacional de empleo posterior al 23-F. Acuerdos que se llevarían al Parlamento para convertirlos en leyes ¿Quién se atrevería a votar en contra?
Al dictar el real decretoley 11/2020, de 31 de marzo, el Gobierno previó que, tras la declaración del estado de alarma, se procedería a la aprobación de un plan de actuación para agilizar la actividad judicial con la finalidad de contribuir al objetivo de una rápida recuperación económica tras la superación de la crisis.
Posteriormente, la Abogacía del Estado ya ha aclarado en un informe que, barajando este real decreto conceptos con distintos efectos jurídicos como la suspensión e interrupción de los plazos procesales –el primero supone la paralización de su cómputo, mientras que la interrupción supone la puesta a cero del plazo transcurrido reiniciándose íntegramente el plazo cuando desaparezca la causa (estado de alerta)–, nos encontramos ante una mera suspensión del plazo procesal.
Los consejos generales de procuradores y de la abogacía han lanzado, muy recientemente, sendas propuestas de reactivación. ¿Tan complicado sería que las propuestas fueran conjuntas de los distintos agentes que colaboran con la justicia? En unas circunstancias tan extraordinarias, más allá del respectivo protagonismo profesional sería deseable volcar en un crisol las distintas aportaciones para fomentar una rápida, efectiva y deseada recuperación de la actividad judicial.
Para tan noble propósito cabría dispensar también unas medidas temporales, más sencillas, que además no supondrían cambios legislativos, sino de armonización entre los decanatos, respectivamente, de los tribunales superiores de justicia, de las audiencias provinciales y de los juzgados de la jurisdicción civil-mercantil, penal, contencioso o social. No cabe explicación alguna de que el sistema de reparto de los asuntos judiciales sea distinto en Madrid, Bilbao, Barcelona, València, Sevilla o Zaragoza.
A modo de ejemplo, en los temas concursales, dependiendo del distinto foro, en ocasiones existe un doble reparto, al despreciarse el reparto del preconcurso (artículo 5 bis LC) como antecedente del posterior concurso de acreedores. Recientemente, se ha intentado justificar que mantener el doble reparto tiene por objeto eludir el fraude de evitar el juzgado natural mediante un segundo reparto, pero si el primer reparto es técnicamente puro, parece razonable que lo que se habría de evitar es el segundo, que es donde el justiciable descontento con la primera atribución buscaría mejor suerte. Las duplicidades nunca son buenas.
Ante el aluvión de procedimientos concursales, de los que depende la actividad productiva y, por ende, el mantenimiento de puestos de trabajo, no parece desencaminado que al menos por un tiempo se unifiquen criterios en los decanatos, en éste y en otros temas.
Sería interesante un acuerdo nacional de empleo, como el posterior al 23-F