Transitando por la cornisa
Buenos Aires entrará el viernes en suspensión de pagos si no logra un acuerdo con sus acreedores sobre la reestructuración de su deuda en plena crisis global por la pandemia
Buenos Aires
Argentina está en plena partida de póker con sus acreedores. El próximo viernes podría entrar en suspensión de pagos si la negociación para la reestructuración de su deuda acaba sin acuerdo. Una vez más, el país más imprevisible de Latinoamérica vive una situación límite, agravada por la crisis local y global de la economía debido a la pandemia. De nuevo, al borde del precipicio, pero esta vez llueve sobre mojado.
La perpetua incertidumbre llevada al extremo hace prever que hasta horas antes del 22 de mayo no sepamos qué pasará. Sin embargo, los últimos gestos indican que el gobierno peronista de Alberto Fernández está más cerca de evitar la quiebra que de caer en ella, ya que en el actual contexto internacional los acreedores podrían preferir un mal acuerdo que un litigio a largo plazo ante un futuro de la economía mundial que, por una vez, es tan inescrutable como el de Argentina.
La deuda bruta del país austral rondaba a finales del 2019 los 300.000 millones de euros, de los cuales algo más de 61.000 millones corresponden a bonos en divisa extranjera y bajo jurisdicción internacional. Esa es la cifra que el Gobierno argentino quiere reestructurar ante la evidente imposibilidad de pago, que ha llevado a Fernández y a su ministro de Economía, Martín Guzmán, a reiterar que Argentina se encuentra ya en un “default virtual”.
Los inversores se volvieron a pillar los dedos, atraídos por el atractivo 7% que ofrecían esos bonos, pensando que el riesgo era menor porque al frente de la Casa Rosada estaba el liberal Mauricio Macri (2015-2019), que resultó un fiasco económico y acabó endeudando nuevamente al país.
Poco antes del importante vencimiento de deuda del 22 de abril por 465 millones de euros, Guzmán presentó una oferta de canje de títulos, que reduce considerablemente la ganancia prevista y consiste en bajar un 62% los intereses, con un periodo de gracia de tres años –equivalente a 35.000 millones de euros–, mientras que aplica un descuento al capital del 5,4% –3.300 millones menos– que no empezaría a devolverse hasta el 2026. Es decir, que los tenedores no verían ni un dólar hasta el 2023 y su beneficio se reduciría a una media del 2,3%.
Teniendo en cuenta el precio global del dinero y el actual contexto internacional, la oferta no parece tan mala. A excepción de la moratoria de tres años. Ese sería el principal escollo en la negociación: los inversores no quieren esperar tanto tiempo sin recibir ningún retorno, lo que por otro lado permitiría a Argentina acumular divisas y generar deuda en pesos. Apenas un 15% de los acreedores aceptó la oferta, que vencía la semana pasada y que Guzmán se vio obligado a prorrogar hasta el 22 de mayo. Para tener validez, el acuerdo debe ser suscrito por el 60% de bonistas.
Puesto que el vencimiento del 22 de abril no fue cubierto, se inició el periodo de gracia de un mes para pagar, por lo que la oferta se debe resolver el mismo día que el país entraría en suspensión de pagos, aunque formalmente aún habría un mes más de plazo, hasta el 22 de junio, cuando la International Swaps and Derivatives Association (ISDA) declararía legal
La deuda es de 300.000 millones de euros, de los que 61.000 se renegocian