De esta forma, no
El Gobierno no ha contado con el apoyo de la derecha patriótica para hacer frente a la pandemia y tampoco lo tendrá en la reconstrucción económica. ¡Qué error! Pero esta es la lógica de la política de confrontación a la que nos ha traído la Covid-19. Es una opinión bastante generalizada tanto en el mundo empresarial como en el ámbito parlamentario.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha iniciado la elaboración de los presupuestos generales del Estado (PGE) del próximo año, que serán los de la gran remontada. Expansivos, pragmáticos y sociales, con el objetivo de la reconstrucción. El tsunami nos ha dejado un panorama desolador: la caída del PIB en el segundo trimestre estará próxima al 20% y la tasa de paro será muy alta. Pero en la medida que la economía se va abriendo la situación va mejorando y podríamos terminar el ejercicio con una caída en torno al 9%. El mayor desplome de nuestra economía desde que hay registros.
Por esta razón no existe la menor duda de que los PGE para el 2021 tendrán que ser muy expansivos. Se garantizarán las rentas, lo que implica un fuerte incremento del gasto social. Se incrementarán las inversiones con especial énfasis en la sanidad, educación, tecnología... Habrá más transferencias a las comunidades autónomas y se apoyará a las empresas públicas y privadas. Por parte de los ingresos, bajarán los impuestos a autónomos y pymes y se mantendrán el resto sin grandes variaciones. Aparecerán nuevas figuras impositivas, como al plástico y a la contaminación.
El incremento del gasto se pagará con un aumento del 20% de la deuda. España pasará de deber un 95,5% del PIB en el 2019 al 115% en el 2021. Gran parte del endeudamiento nos llegará de Europa en la forma de subvenciones o de créditos sin interés y a larguísimo plazo. El resto lo captaremos del mercado gracias al aval del BCE.
Un plan Marshall en toda regla.
Con estas condiciones, España recuperará gran parte de lo perdido este año. La economía crecerá en el entorno del 7% de PIB y el desempleo se volverá a situar en el 15%. Es decir, unos presupuestos para la gran remontada y para volver al ciclo expansivo donde lo habíamos dejado. Algunos indicadores adelantados anticipan que la situación no va a ser tan catastrófica como se había previsto inicialmente. El impacto de la pandemia se ha concentrado en el segundo trimestre del presente ejercicio, y es de esperar un significativo rebote en todo el mundo. Así lo ha empezado a reflejar el mercado bursátil, aunque sigue bajo el signo de la volatilidad. Los problemas resurgirán en el 2022, cuando habrá que reconducir el déficit y la deuda, pero eso ya será otra historia.
Lo importante de cara a la aprobación de los PGE es que con esta orientación no hay partido de izquierdas que no los apoye. El Ejecutivo, con los votos del PSOE, Podemos, Más Madrid, ERC y Bildu, suma mayoría absoluta. Ante esta situación, los partidos de centroderecha como Cs y PNV probablemente se sumen al pacto de Reconstrucción, que tendrá su reflejo en los PGE. Evidentemente, Vox estará en contra, y al PP se le planteará un difícil dilema: o se suma también a la reconstrucción o se echa al monte con la esperanza de hacer caer al Gobierno, lo que no le resultará fácil.
Unas líneas sobre el anuncio de una querella de Arriaga Abogados contra magistrados de la sección 15.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona.
La actividad de Arriaga Abogados es ampliamente conocida en lo que llaman acciones masa. Tras las demandas sobre preferentes y cláusulas suelo, ahora toca la posible nulidad por abusividad de la cláusula del índice de interés variable IRPH.
Para una valoración correcta se ha de tener en cuenta que, previsiblemente, a finales de año prescribirán aquellas acciones personales que hayan cumplido el plazo de cinco años establecido en la ley 42/2015.
Distintos despachos, algunos con una importante actividad pública de captación, se han preparado para este nuevo caso que puede suponer un aluvión de miles de demandas.
Un juzgado de Barcelona, en concreto el número 38, examinando la aplicación del IRPH, planteó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por entender que podría ser abusiva para el consumidor, y el TJUE dictó una sentencia el día 3 de marzo del 2020 en la que parte de que el precio de una financiación es el interés, y que no puede quedar una financiación sin precio, pues el usuario se vería en una causa de resolución (nulidad) viniendo obligado a la devolución íntegra de la financiación, por lo que el resultado sería contraproducente para el consumidor (punto 61 de la sentencia del TSJUE).
Por ello, el tribunal europeo señala la viabilidad de que el “juez nacional” pueda integrar la financiación con aquel índice de interés variable que hubieran designado las partes de la financiación o el derecho nacional (así se hizo mediante la ley 14/2013) como “supletorio” (puntos 62 a 64 de la sentencia). Finalmente, la sentencia del TJUE, en el apartado 4 de su decisión, señala que, a falta de acuerdo entre las partes, la legislación comunitaria no impide que el “juez nacional” integre el contrato con un índice legal aplicable. Y es lo que ha hecho la sección 15.ª de la Audiencia de Barcelona en la sentencia de 24 de abril.
Como guinda, en el proyecto de plan de choque del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) consta que en caso de cláusulas abusivas cabría alegar la extensión de cosa juzgada de casos idénticos, simplificando la tramitación y resolución de dichos casos, pudiendo ser determinante el signo que marquen las resoluciones de las audiencias provinciales para el desenlace de los futuros casos.
Lo que está sucediendo no son fuegos de artificio ni fuegos fatuos, sino un injustificado y muy interesado ataque desconsiderando, sin razón, a la autoridad que imparte justicia.
La izquierda sumará mayoría absoluta y es probable que CS y PNV se sumen al gran pacto