De la solidaridad a la responsabilidad
La pandemia ha mostrado a la opinión pública la vocación social de la empresa y marcará la nueva RSC
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) es una de las primeras materias que se enseñan en las escuelas de negocios y posiblemente la última que llega a la opinión pública. Que cualquier tipo de empresa, sea cual sea su actividad, tiene una obligada función social que desarrollar en sus planes de negocio no es algo fácil ni de creer por la ciudadanía en general. Ni siquiera de transmitir. Al menos hasta la irrupción de la pandemia, cuando grandes y modestas campañas de ayuda impulsadas por todo tipo de sociedades mercantiles mostraron esa cara solidaria y comprometida de la empresa.
Trascendiendo los cometidos de la RSC que cada empresa o sector define en sus normas o códigos de buen gobierno, estas acciones solidarias pueden marcar un antes y un después en la vocación social de las sociedades mercantiles y, sobre todo, en su percepción pública. Mucho más allá del marco legal y normativo que la regula. “Está claro que la Covid-19 ha cambiado la imagen de la empresa en España. La crisis del 2008 dejó un clima de desconfianza que ni las campañas de reputación habían conseguido eliminar, pero ahora sí lo han hecho estas acciones que han demostrado el compromiso social de la empresa”, señala Orencio Vázquez, coordinador del Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa.
La RSC se define como la contribución activa y voluntaria a la mejora social, económica y ambiental que deben impulsar las empresas con su entorno inmediato, empezando por sus propios trabajadores, continuando por sus cadenas de suministro y actividades vinculadas y culminando por el consumidor final y el contexto social en el que producen u operan.
No se trata sólo de promover o favorecer proyectos solidarios, sino de promover los derechos humanos y el trabajo digno, proteger el medio ambiente, contribuir a la distribución equitativa de la riqueza o luchar contra el cambio climático. Estos aspectos están recogidos por la Resolución del Parlamento Europeo sobre la materia del 2007 y la ley de Información no Financiera y Diversidad que desde el 2018 obligará a las empresas españolas de más de 250 trabajadores a informar a partir del 2021 sobre su gestión en cuestiones medioambientales y sociales. Por su parte, la Comisión Nacional del Mercado de Valores cuenta desde el 2006 con su Código de buen gobierno de las sociedades cotizadas, modificado y ampliado en el 2015, que obliga a estas firmas a ofrecer información pública de su RSC.
“La iniciativa social no es patrimonio de la Administración y eso es algo que muchas empresas han demostrado en plena crisis sanitaria”, señala Joan Fontrodona, director del departamento de Ética Empresarial de IESE y titular de la Cátedra CaixaBank de Responsabilidad Social Corporativa. “La empresa siempre debe dar respuesta a las demandas de la sociedad, más allá de las de consumo, y cada día las decisiones de compra o de inversión están más influenciadas por estas acciones y los parámetros de RSC de cada firma”, añade este experto.
Junto a la iniciativa solidaria empresarial, la pandemia ha favorecido que las instituciones también fijen la RSC como una prioridad. En abril, la Comisión Europea inició el trámite de una iniciativa legislativa europea de buen gobierno corporativo centrado en los derechos humanos y el medioambiente. Aunque el principal aliciente para el desarrollo de la Responsabilidad Social Corporativa serán los criterios de distribución de las ayudas europeas para la reconstrucción, donde el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por la ONU en su Agenda 2030 serán un requisito indispensable que marcará tanto los proyectos ganadores como las dinámicas de todas las empresas vinculadas.
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