La revolución de los tejados pide paso

Más de 50 ayuntamientos y entidades locales del país proponen poder operar en la red de distribución eléctrica

A la instalación de paneles solares fotovoltaicos para el autoconsumo de electricidad se la conoce como la revolución de los tejados. Estas instalaciones pueden suministrar electricidad para uso individual o bien compartido, siempre que sea entre puntos de conexión situados a menos de 500 metros entre ellos. La legislación actual también permite inyectar el sobrante eléctrico a la red pública, pero, en ningún caso, se tiene control alguno sobre la distribución o comercialización de la electricidad inyectada. Más de 50 ayuntamientos y entidades locales han pedido al Gobierno central un mayor protagonismo y más recursos para que la instalación de paneles solares para autoconsumo suponga una verdadera revolución.

Dos de los puntos más rompedores de la propuesta enviada al Ejecutivo español son la petición de poder operar en la red de distribución, así como acabar con la actual limitación de los 500 metros. “Se trata de acercar la energía al ciudadano y que esta pueda ser de su propiedad”, señala Ismael Morales, portavoz de la Fundación Renovables. En cuanto a la limitación de los 500 metros, Morales asegura que “no hay ningún respaldo técnico detrás que justifique la medida”. En cambio, “resulta una gran limitación a la hora de poner en marcha proyectos de autoconsumo compartido”, denuncia Isabel Caba, quien está ayudando a crear una comunidad energética local en Odèn (Solsonès).

Entre los ayuntamientos que han firmado la propuesta, destacan el de Barcelona, el del Prat de Llobregat o el de Viladecans, por citar algunos. “Pero hay consistorios de todo el país y de todos los colores políticos”, indica Joan Herrera, uno de los impulsores de la iniciativa como director de Acció Ambiental i Energia del Prat de Llobregat. La misiva es en forma de alegaciones a la consulta pública plateada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Democrático para la transposición al ordenamiento jurídico español de dos directivas europeas. Estas directivas establecen que los países miembros han de garantizar el derecho a producir, consumir, almacenar y vender la propia energía renovable de la ciudadanía. En ellas se establecen dos modelos de comunidades locales de energía: las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía.

“Lo que perseguimos con estas alegaciones es garantizar que la trasposición de estas normativas sea valiente y ambiciosa”, señala Lluís Mijoler, alcalde de El Prat de Llobregat. “El futuro va hacia esta dirección, la Unión Europea lo ha marcado de forma clara”, indica

Se estima que con una gestión eficiente podría reducir la demanda

eléctrica en un

Carles Ruiz, alcalde de Viladecans, municipio que ya cuenta con un consorcio público-privadociudadano que busca convertirse en una comunidad ciudadana de energía.

Herrera declara que “en función de cómo se acaben trasponiendo estas directivas europeas, el panorama eléctrico español podría cambiar radicalmente”. Sin embargo, hay motivos para la cautela. “Costará mucho cambiar el sistema por el gran peso que tienen las compañías distribuidoras en España”, advierte José Enrique Vázquez, presidente del Grup de Gestors Energètics de Catalunya. Vázquez también prevé dificultades para que se permita el acceso a la red eléctrica, lo que obligaría a la creación de redes propias, lo que retrasaría aún más la revolución de los tejados. En lo que sí coinciden los expertos consultados es que la revolución es una mera cuestión de tiempo.

De momento, la pelota está en el tejado de la Moncloa, que ya llega tarde a la trasposición de las directivas europeas, que debía haberse hecho antes del año 2021.

Autoconsumo

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