El sistema sueco
Al ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, le está pasando lo mismo que a un niño pequeño que desmonta un juguete y después no sabe montarlo de nuevo. Cuando estaba al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) le contó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo que éste quería oír para que le hiciese ministro y lo consiguió.
En opinión del polémico economista, la reforma que hizo el PP en el 2013, es decir, en plena crisis económica, era impresentable. No hacía falta ningún coeficiente de sostenibilidad para garantizar el equilibrio financiero de la Seguridad Social en el corto ni en el medio plazo. Por el contrario, había que asegurar el poder adquisitivo de los pensionistas. La razón es que mientras a los trabajadores activos se les podía recortar los salarios porque se podrían rehacer durante la recuperación, los pensionistas quedaban condenados a reducir su poder de compra año tras año.
Por tanto, la revalorización de las pensiones debía estar indiciada con la inflación sin tener en cuenta el crecimiento de la economía, el desbordamiento del déficit ni el nivel de deuda que tuviese España. ¡Claro que en ese momento desconocía que llegaría una pandemia que conduciría a España a la mayor recesión de su historia! La realidad es terca y el año pasado el déficit de la Seguridad Social marcó un nuevo récord: el 4,1% del PIB, que equivale a más de 45.000 millones de euros. Eso supone que la deuda que acumula el sistema público de pensiones puede duplicarse hasta los 100.000 millones, según escuela de negocios EAE.
Para Escrivá la solución es sencilla, que una parte de dicha deuda la pague el Estado, dado que las cotizaciones de trabajadores y empresarios están sufragando una serie de gastos que no les corresponden. Desnudar a un santo para vestir al otro. Al vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, le encanta esta argumentación, y no la de Nadia Calviño, que solo piensa en cómo recortar las pensiones presentes y futuras.
Pero tal como están las finanzas públicas, sacar deuda de un cajón para meterla en otro no parece tan buena idea. El déficit publico cerró el año pasado en el 11,3% del PIB. Es decir, que gastó 142.000 millones más que lo que ingresó, y la deuda pública se situó en un 115% de la riqueza que creamos en un año.
La reforma Escrivá, basada en el milagro de los panes y los peces, sencillamente no es posible. Bruselas exige recortar los gastos en pensiones y el salario de los sueldos públicos para soltar los 70.000 de
El debate sobre las pensiones públicas ha puesto de moda una vez más el sistema sueco, pionero en la utilización de las llamadas cuentas nacionales, que se ha convertido en referencia de buenas prácticas en materia de previsión social. Fruto del consenso entre los partidos, se implementó de forma gradual desde 1991. Todo un ejemplo que seguir. ayudas comprometidas. Lo que es un auténtico disparate, en opinión de los especialistas de Fedea, es haber quitado el coeficiente de sostenibilidad. Según dicen, la contrarreforma “aboca al sistema a un ajuste abrupto en el futuro”.
Además, al ministro se le ocurrió elevar el cómputo para calcular las futuras pensiones de los 25 años actuales a los 35. Era una buena idea, porque disminuye el gasto en cerca de un 6%, hace el sistema más contributivo y más equitativo. También se le ocurrió acercar la jubilación legal a la real, lo que también supondría un gran ahorro al sistema y supone que todos aquellos trabajadores que hayan cotizado más de 37 años no se podrán jubilar a los 65, como ahora.
Pero indignó a los sindicatos y a Pablo Iglesias. Y dio marcha atrás. En lugar de comprometerse a medidas concretas dice que hará “un mecanismo de reparto intergeneracional” que permita repartir el sacrificio entre los actuales pensionistas y las futuras generaciones. Muy bien, siempre que alguien lo hubiera diseñado, porque corre el peligro de quedar arrinconado en un cajón durmiendo el sueño de los justos.
Otro de los elementos más polémicos de la reforma Escrivá ha sido reducir las deducciones fiscales de los planes de pensiones individuales de 8.000 a 2.000 euros. Este punto también dice tenerlo clarísimo: la fórmula solo beneficiaba a los bancos gracias a las comisiones que cobraban. A cambio ha desviado tales deducciones a las empresas que creen planes de pensiones de empleo.
En teoría no es mala idea, pero la realidad es que va a dejar sin complemento de pensiones a la mayoría de trabajadores. Primero, porque las grandes empresas han salido escaldadas de una opción que ya existe, y segundo porque los trabajadores desconfían, ya que suelen incluir cláusulas que impiden cobrarlos si no se jubilan en la empresa. Además, supone introducir un factor de mayor rigidez a un mercado que por sí mismo es poco flexible. Pero además, la mayor parte de los trabajadores no está sujeto a la negociación colectiva, ya que pertenecen a pymes o son autónomos. Ya nos advertía santa Teresa que el infierno está empedrado de buenas intenciones.
La reforma Escrivá, basada en el milagro de los panes y los peces, sencillamente no es posible