El modelo francés
El mercado de trabajo está experimentando una auténtica revolución para la que no están preparados ni el marco legislativo ni las empresas ni los trabajadores. La nueva realidad ha puesto de manifiesto que el Estatuto de los Trabajadores cada día se queda más anticuado y no es capaz de dar respuesta a los repartidores de comida o paquetes, los conductores o cualquier otro trabajo que depende de una plataforma.
Es una situación que requiere un nuevo contrato social que tome como referencia los pasos que están dando otros países de nuestro entorno como Alemania, Francia o el Reino Unido. Pero lejos de plantear una solución con altura de miras se ha repetido de nuevo la práctica habitual de la legislación laboral: el parcheo. Cuando surge un problema, Gobierno, patronal y sindicatos hacen un retoque y se sigue adelante mientras la cosa aguante.
Así ha sucedido siempre que se ha planteado cambiar el Estatuto de los Trabajadores. Para CC.OO. y UGT es más importante desmontar la reforma que se aprobó para salir de la crisis económica del 2008 que posicionarse ante la revolución tecnológica. Se legisla pensando en razones ideológicas en lugar de resolver problemas.
La última chapuza se ha producido con motivo del conflicto de los repartidores de comida a domicilio o riders. Grandes empresas tecnológicas como Glovo o Deliveroo ocupan a más de 30.000 trabajadores que han encontrado en esta actividad la forma de ganarse la vida.
Se trata de un colectivo dividido. La mayor parte quieren ser autónomos, tal y como han sido hasta aho
España siempre trata de reinventar lo que ya está inventado. La regulación laboral de los una cuestión que ha sido muy debatida en Europa. El modelo de referencia es Francia, donde se elaboró un libro blanco que permitió un profundo debate político, económico y social. Tal vez habría que tomar lo que funciona en lugar de improvisar. Cuidado, porque este mismo debate vamos a tenerlo con el teletrabajo y el trabajo en remoto.
es ra, pero los sindicatos defienden que deben ser trabajadores fijos de plantilla para que puedan disfrutar de todos los derechos sociales, como pagas extraordinarias, vacaciones, etcétera.
Ante tal dilema, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mediado para encontrar un punto intermedio tras largas negociaciones. El Ejecutivo trata de plasmarlo en un decreto ley y zanjar el asunto. Los repartidores se considerarán trabajadores por cuenta ajena, a no ser que se pueda demostrar que son autónomos.
De acuerdo con la doctrina de la UE se considera que un trabajador
riders
Una regulación estricta puede retrasar la creación de empleo en negocios vinculados a las nuevas tecnologías
es autónomo cuando puede elegir su horario, puede trabajar para quien quiera haciendo compatible la prestación de sus servicios a distintas plataformas, no tiene exclusividad y puede subcontratar. En caso contrario las empresas tienen que hacer contratos laborales.
Sin embargo, a la hora de la verdad no va a resultar tan fácil de concretar, ya que es un colectivo muy heterogéneo. Para algunos de estos repartidores, considerados como los nuevos esclavos del siglo XXI, se trata de un buen medio para ganarse la vida y salir de la marginalidad. Si dedican toda la jornada a repartir pueden obtener ingresos entre 2.000 y 3.000 euros mensuales. Por el contrario, para otros se trata de un empleo a tiempo parcial para compatibilizar estudios y trabajo o sacar un dinerillo. En estos casos no se pretende una relación laboral.
Preguntas que se quedan sin resolver son quién pagará las cotizaciones, a qué cobertura van a tener derecho o si servirá para controlar a los inmigrantes sin papeles, sin olvidar el horario. La carga de trabajo se concentra en momentos muy concretos y el reparto nocturno lo complica todo aún más. Es decir, es una forma de trabajar distinta que no resulta fácil de homologar a la de un trabajador fijo de plantilla, ni siquiera a los autónomos clásicamente concebidos.
Es cierto que puede haber muchos abusos, mafias y todo tipo de trampas. Con todas ellas se debe acabar. También es verdad que se necesita poner orden en un sector que ha hecho de su capa un sayo. Pero no es menos cierto que si se elevan los costes de las empresas y se exige un cumplimiento estricto de las condiciones laborales, este tipo de compañías no será viable. Supondrá menos inversiones y retraso a la hora de crear nichos de empleo en los negocios emergentes vinculados a las nuevas tecnologías.
Como afirma el exdiputado catalán Carles Campuzano, “es un grave error pretender regular las condiciones laborales del siglo XXI con los instrumentos del siglo XX”. En su opinión, habría que explorar las posibilidades que ofrece la llamada flexiseguridad. Dicho de otro modo, los riders deben tener una amplia cobertura social, pero sin perder la flexibilidad necesaria para concertar con sus empleadores sus condiciones de trabajo.