Auditar los fondos europeos
En el marco de la pandemia y en espera de que la vacunación progresiva de la población suponga un cambio de inflexión, las autoridades han asumido el imperativo de evitar, en lo posible, la desaparición del tejido empresarial. Para ello, la inyección de 140.000 millones de euros que el Plan Europeo de Recuperación prevé para España va a ser fundamental y su impacto, enorme. Los fondos que recibirá España supondrán alrededor de un 11% de su PIB, un maná económico que alentará la recuperación de la economía y que puede inducir un impulso vigoroso a la modernización del país.
Pero es esencial que la asignación de recursos y el posterior control reúnan todos los requisitos de transparencia. Es exigible que las empresas que pidan apoyo cumplan las obligaciones legales (auditoría, si fuera el caso; depósito de cuentas; declaraciones tributarias...). Y sería deseable que los proyectos presentados –alineados con los objetivos estratégicos de la Comisión Europea en digitalización, ecología o cohesión social– sean avalados, cuando de acuerdo con las normas particulares sea adecuado o en general, como elemento adicional de solvencia por un profesional independiente.
El real decreto ley 36/2020 de 30 de diciembre, que aprueba el desarrollo del plan, prevé la importancia de las medidas de auditoría y control en relación a todas las etapas de su ejecución. Y resalta la importancia y la oportunidad de la colaboración público-privada para el pleno cumplimiento de los objetivos y oportunidades de modernización que ofrece el mismo.
En materia de Fondos Europeos para la Recuperación, la colaboración público-privada ha de permitir y garantizar una revisión exhaustiva de todos los fondos públicos aplicados a la emergencia sanitaria, económica y social, sin demora, para velar por la máxima transparencia a lo largo de todo el proceso (esto es, distribución, concesión y verificación posterior).
La propia norma reconoce la tarea ingente que supondrá la auditoría y el control de proyectos (públicos, privados o en colaboración) derivados del plan. Lo reseñable es que la revisión por parte de organismos públicos contemple, como en otros aspectos del plan, la colaboración público-privada. Porque nos situamos ante una avalancha de trabajo ingente cuya revisión requiere un gran número de recursos humanos, con preparación suficiente en una tarea muy compleja, y sin continuidad en el tiempo.
En línea con los principios de gestión del plan deberían establecerse procedimientos organizativos para permitir la actuación del mayor número posible de firmas profesionales, en lugar de pensar en macrocontratos o bien en dotación de medios propios, sin sentido estructural más allá de la vigencia del plan.
Los retos colectivos que afrontamos exigen velar por la transparencia, la adecuada distribución y control y la asignación eficiente de estos recursos. Por ello es importante contar con los auditores. Nos va el futuro.