Insuficiente
El Gobierno ultima la ‘Carta de Derechos Digitales’ inspirada en el documento redactado por el ICAB
La regulación suele andar unos pasos por detrás de la realidad. Se toma un tiempo para adaptarse de la mejor forma a los cambios sociales y económicos que vive un país. Sin embargo, si el margen de tiempo es demasiado largo, el ciudadano, la empresa y todo aquello que opere en el mercado corre el riesgo de quedar desprotegido ante la nueva realidad. Y precisamente esto es lo que está sucediendo en el mercado digital, que avanza y avanza y no hay forma de acotarlo. “Esto parece el Far West”, denuncia Rodolfo Tesone, diputado de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y presidente de la asociación Enatic. La Constitución garantiza unos derechos que en las redes a menudo “no se cumplen”. Tesone pone como ejemplo las fake news como atentado contra la información veraz; los vetos de Twitter como quebranto a la libertad de expresión; la publicidad abusiva a la intimidad del consumidor; o el poder de los gigantes del e- commerce, al libre mercado. El riesgo, lamenta, es cada vez mayor porque a causa de la pandemia cada vez pasamos más tiempo ante la pantalla. Los datos reflejan un aumento creciente. Según el informe de Hootsuite de febrero del 2021, la media española de uso de internet ya se situa en 6 horas y 54 minutos, una cifra superior a las 6 horas y 43 minutos del año pasado. Por este motivo, Tesone considera que en España, “falta regulación para frenar abusos de las grandes tecnológicas que operan internet, como Google o Facebook, a quienes les cedemos de forma gratuita el 90% de los datos”.
Para intentar remediar esta creciente desprotección, el ICAB ya redactó hace dos años la Carta de Barcelona para los derechos de la ciudadanía en la era digital, un documento pionero en España al que ya se han adherido más de 200 entidades de índole distinta, como Barcelona Tech City, la Federación Internacional de Computer Law, la Asociación Española de Compliance, el Barcelona Super Computing
Center o la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho de Informática. Actualmente, este documento está siendo la base para redactar la Carta de Derechos Digitales de España, que el Gobierno prevé aprobar dentro de unos meses en el marco de su estrategia “España Digital 2025”. Tesone, que forma parte del comité de 17 expertos encargado de su elaboración, apunta que la carta como tal no será de aplicación directa pero fijará los principios rectores de la legislación española. “Será como la Constitución de la era digital”, apunta. Entre los derechos regulados, avanza, habrá los más básicos como “la identidad digital, el olvido, la intimidad, la libertad de expresión o de empresa”, pero también otros más novedosos como el del “pseudonimato”, que permitirá perseguir delincuentes que ahora escapan a la ley operando de forma anónima en la red. También se regulará la voluntad del ciudadano con el objetivo de limitar la publicidad abusiva ante colectivos vulnerables, el derecho al asilo digital ante censura política o derechos en neurociencia.
Pero lo esencial, comenta Tesone, es que el legislador actúe de forma global porque éste es el alcance de las grandes plataformas. De hecho, la Unión Europea está trabajando en “la redacción de unos principios con efectos semejantes a los de una carta en el marco del desarrollo del Mercado Único Digital”. Sin embargo, todavía queda tiempo para su aprobación. En la UE, lamenta, los plazos suelen ser muy largos. “La directiva de protección de datos, por ejemplo, tardó 7 años en dar luz. Ojalá que no sean tantos esta vez”, reclama.
El abogado Rodolfo Tesone lamenta que a menudo es muy complicado perseguir a las grandes empresas que dominan internet porque son multinacionales que no tienen la sede operativa en España. Por eso, remarca la urgencia de aprobar una normativa de alcance europeo. La que existe hasta la fecha en la Unión Europea es totalmente insuficiente.