Multifacética
Tragsa es la empresa pública sin ánimo de lucro en la que los partidos políticos conviven en armonía
La restauración del parque natural de los Aiguamolls de l’Empordà. Reparación de daños graves por tormentas en la línea de tren de cercanías C1 (Barcelona-Mataró-Maçanet). Adaptación del servicio de urgencias del hospital de Poniente en El Ejido (Almería). Adquisición de más de 28.000 corderos y cabritos para comedores sociales de Madrid. Cambio de las vallas de Ceuta y Melilla. Gestión informática de las ayudas urgentes por la covid, el conocido como salario mínimo vital. Reparación de centros educativos en Madrid tras el impacto de la borrasca Filomena en Madrid... Podría pensarse que esta gran variedad de proyectos nada tienen que ver unos con otros, pero sí tienen un elemento en común: han sido ejecutados por la misma empresa, Tragsa.
Y no, no es una multinacional con múltiples ramas de actividad sino la, tal vez, más desconocida empresa pública española. “Un gigante silencioso”, como la define su actual presidente, Jesús Casas. Pero sobre todo una rara avis dentro de la administración pública. Porque si la versatilidad de sus actuaciones ya deja boquiabierto, sorprende aún más su sistema de gestión y su accionariado.
Tragsa es la única organización que puede presumir de estar participada por 52 instituciones públicas (junto a la SEPI, que tiene el 51%, están todas las comunidades autónomas, los cabildos y consejos insulares, la mayoría de las diputaciones...) de todos colores políticos, que además de funcionar como un reloj en los momentos más extremos, firman por consenso sus decisiones. “Es infrecuente pero también una de nuestras fortalezas. Ha sido posible porque se ha ido forjando a fuego lento durante más de 40 años, en los que Tragsa ha demostrado su profesionalidad y la lealtad a todos y cada uno de su accionistas. Ellos encargan, nosotros ejecutamos”, explica Casas.
Tragsa, cuyas siglas responden a su nombre original, Empresa de Transformación Agraria SA, fue creada en 1977, como indica su denominación, para ejecutar labores agrarias para el Estado. “Parte de nuestra fortaleza está ahora en ese origen rural. Tenemos 52 oficinas territoriales y el 75% de nuestros trabajadores (15.386, de los cuales 6.312 son fijos) vive en el medio rural. Eso nos da una gran capacidad de reacción en las emergencias de todo el territorio, que es nuestro fuerte”, asegura Casas.
Una fortaleza que se ha dejado notar en el 2020, un año en el que Tragsa resolvió 4.300 actuaciones, facturó 1.018 millones de euros, un 16% más que el anterior, y cerró con una cartera de negocio de 1.357 millones de euros, su máximo histórico. Estos números se explican porque Tragsa se crece en los momentos extremos. Las administraciones públicas que son accionistas le pueden hacer encargos sin pasar por el complicado trámite de las licitaciones necesario para las empresas externas, lo que acelera el proceso de resolución de cualquier trabajo urgente. También son el compañero ideal para proyectos con información delicada que no se quiere compartir fuera de la Administración. A ello se suma que Tragsa suele proporcionar el presupuesto más ajustado. Como medio público, está obligado a ofrecer el precio más barato del mercado. Porque otra de sus extrañas peculiaridades es que esta empresa no tiene ánimo de lucro y está obligada a publicar cada año sus tarifas para ajustarlas a sus gastos de producción. Esta obligación ha propiciado una bajada de sus tarifas para el 2021 del 1,17%.
Pese a estos atractivos, las administraciones públicas solo contratan con Tragsa el 2% de todos sus posibles encargos. “Nuestro punto de equilibrio en base a nuestra estructura está en 800 millones. El negocio ahora está en 1.000, podríamos crecer más, pero pausadamente. Crecer demasiado sería un problema cuando lleguen las vacas flacas, que llegarán”, admite Casas.
Durante años la fortaleza de Tragsa se desplegó por la España rural. Un tercio de los regadíos de España y el 15% de los dispositivos para detectar incendios han salido del trabajo de sus operarios. En los últimos años, su división tecnológica, Tragsatec, ha ganado peso. En el 2020 asumió el reto de gestionar el arranque del ingreso mínimo vital. Contrató a 600 empleados que desde sus casas, en pleno confinamiento, revisaron 600.000 expedientes en cinco meses.