De global a regional
El coronavirus sigue marcando el ritmo de particulares, empresas y gobiernos, nos mantiene conectados y, a su vez, hace que se replanteen la logística, el libre comercio y la globalización. En esta nueva normalidad resulta necesario valorar el establecimiento de cadenas de suministro más cortas y ágiles y la creación de flujos comerciales que no dependan de destinos demasiado lejanos. La globalización ha mostrado su debilidad e interdependencia económica, llegando incluso a afectar a la salud pública. Sin embargo, es posible combatir sus efectos perversos y las desigualdades que crea. Hemos alcanzado el punto de no retorno, siendo testigos de la globalización de los datos, de la educación, del conocimiento, del talento y de las ideas.
Esta crisis evidencia que las empresas deben diseñar sus cadenas de suministro en torno a la competitividad del riesgo, en lugar de solo el costo. “No tiene sentido abrir una planta de baterías a miles de kilómetros de la línea de producción de coches”. Así lo ha indicado Luca de Meo, director general del Grupo Renault. El modelo de abastecimiento global que alguna vez prevaleció en las cadenas de valor impulsadas por productos de bajo coste ha disminuido a medida que las nuevas tecnologías y los patrones de demanda de los consumidores han ido evolucionando.
La globalización no se ha revertido este año, pero se ha visto obligada a hacer balance y cambiar de rumbo, algo que inevitablemente cuestiona la existencia del modelo actual de las cadenas de suministro y los flujos comerciales en todo el mundo. La regionalización surge como una fuente inmensa de oportunidades, especialmente cuando permite reducir las barreras al comercio, los riesgos, mientras ofrece rapidez y rentabilidad. Los flujos comerciales regionalizados serán esenciales. Por ello, es conveniente fortalecer los bloques comerciales regionales con un nuevo diseño de los bienes y servicios de logística de extremo a extremo.
Puede que sea el momento de repensar la relación entre la UE y el Mediterráneo e impulsar juntos un proyecto capaz de competir globalmente con otras regiones como el RCEP, el CPTPP o el CFTA. En este contexto, la región mediterránea podría convertirse en una pujante frontera de producción norte-sur, ya que su situación geográfica permite acortar los circuitos logísticos entre la UE y África, y reducir la huella de carbono. Resulta también indispensable acelerar el proceso de integración euromediterránea en aras de favorecer la construcción de una zona política y económicamente estable, integrada y sostenible. Y es que la proximidad geográfica permite desarrollar la cadena regional UE-Mediterráneo-África. Europa cuenta con una oportunidad histórica en el desarrollo de esta nueva alianza. Los modelos económicos en vigor se han quedado sin aliento por la velocidad con la que se suceden los numerosos cambios. Por ello es preciso dar nuevas respuestas.
La Cámara de Comercio de España y el Consejo General de Economistas han hecho público recientemente el informe 45 años de evolución económica, social y empresarial de las CC. AA españolas. Un informe descriptivo, que deja traslucirse una historia de éxito que a nuestro entender es, como mínimo, discutible. El estudio viene a decir, en síntesis, que las disparidades regionales se han reducido, cuando la realidad indica que lo que se ha producido ha sido un incremento muy significativo de la concentración económica en torno a la capital del Estado.
Se han reducido las diferencias relativas de PIB per cápita entre las comunidades más ricas y las más pobres, algo que se interpreta en el documento como una medida de convergencia, cuando en realidad podría ser vista como un efecto colateral de la regresión poblacional de estas últimas. Algo que, en cualquier caso, puede crear dudas a la hora de considerarlo un éxito incontestable. Por este motivo creemos necesario hacer algunas puntualizaciones.
Dando como válido el indicador del PIB per cápita –aspecto discutible si no se acompaña de importantes matizaciones– y si prescindimos de las regiones en regresión demográfica (Asturias, Galicia, Castilla-León y Extremadura), resulta que la desviación estándar del PIB/habitante de las restantes regiones no solo no disminuye sino que aumenta, cuando menos desde 1980 hasta nuestros días, pasando del 20,6% al 21,6%. Así pues, el hecho de que el PIB por habitante haya convergido es debido, exclusivamente, a lo ocurrido en las regiones en regresión demográfica.
Las tres comunidades autónomas con mayor peso económico –Andalucía, Madrid y Catalunya– suponen hoy el 51,8% del PIB total; 2,6 puntos porcentuales por encima del peso de 1975, de los cuales Madrid ha ganado 2,4. Se ha producido una concentración económica y demográfica, pero no una convergencia regional, tal como defiende el estudio. Este hecho no es ajeno a la concentración de la inversión pública estatal, en su estructura radial, con el efecto añadido de arrastre de capital privado, unido al hecho de ser el núcleo del poder político del Estado.
La voluntad declarada del Estado español ha sido siempre igualar lo que reciben todas las comunidades con el fin de financiar iguales servicios públicos por todas partes. Ahora bien, resulta que a igualdad de aplicación fiscal y competencias homogéneas, las diferencias en financiación por habitante (año 2018) entre la comunidad mejor y peor financiada son, ni más ni menos, que del 37%. Y eso sin considerar el País
Vasco y Navarra, que tienen una financiación por habitante superior en un 220% al de la media.
La financiación es menor allí donde más ha crecido la población; en cambio, es mayor donde la población se ha estancado. Allí donde hace falta hacer frente al aumento de capacidad de los servicios
(más escuelas y hospitales), es donde menos financiación se recibe, lo que provoca la necesidad de endeudarse.
En contraste, allí donde la población ha crecido poco, o incluso ha disminuido, toda la financiación recibida se ha podido dedicar a la provisión de servicios. Los incrementos demográficos derivados de la inmigración masiva en algunos lugares, tienen costes sociales que hay que afrontar, y eso también provoca infrafinanciación. Si además añadimos un mayor coste de la vida, coincidente a menudo con los territorios de más presión demográfica, el resultado es una inequidad colosal que se traduce en un empeoramiento del servicio.
Eso se pone en evidencia si se compara el ranking del PIB per cápita con el del SPI (el índice de progreso social) que la UE ha actualizado con datos 2018-2019. La Rioja y Cantabria, sobrefinanciadas con respecto al resto, son las que suben más posiciones al SPI; mientras Catalunya y Baleares, las peores financiadas en términos relativos, pierden ocho y pasan de la
La financiación autonómica es menor allí donde más ha crecido la población y es mayor donde la población se ha estancado
cuarta y quinta posición en PIB per cápita y a la duodécima y decimotercera posición en bienestar social.
Las transferencias interregionales no son entre comunidades ricas y pobres, como afirma el estudio, sino entre aquellas con altas y bajas tasas de ocupación. Los diferenciales de tasas de ocupación, por cierto, son muy estables en el tiempo, para no decir crónicas. Las transferencias interregionales no han reducido el gap, de manera tal que la cuestión es hasta qué punto estas transferencias más bien congelan o amplían el gap. La cronificación de los diferenciales de tasas de ocupación entre regiones se produce principalmente por los niveles salariales inadecuados, motivados tanto por un SMI común a todo el Estado, una cantidad de empleados públicos relativamente elevada y de una negociación sindical centralizada que determina unos niveles salariales que no pueden compensar los bajos niveles comparativos de productividad que de algunas regiones. La convergencia de las tasas de ocupación entre regiones –y por lo tanto la reducción de las transferencias interterritoriales– solo se puede producir si se eleva la productividad de las regiones menos productivas. La alternativa –bajar los salarios– es dolorosa y difícilmente aconsejable. Por complejo que sea aumentar la productividad, es el camino recomendable.
En los últimos 45 años no ha habido convergencia económica regional sino un proceso de concentración imparable en la capital. Un proceso que el modelo autonómico, lejos de revertir ha facilitado; por una parte, por la concentración de la inversión pública estatal en la capital del Reino, y, por otra, por una equiparación salarial, reforzada con transferencias fiscales interregionales que genera enormes diferenciales de empleo. Si ha habido una cierta equiparación de PIB per cápita, se debe básicamente a la desertización progresiva de las zonas menos dinámicas, algo que no parece motivo de celebración: ni para los que se han visto obligados a marcharse de su entorno o comunidad, ni para aquellos que ven minorar su bienestar social para poder mantener un modelo desequilibrado, ineficiente e injusto.