Salarios o impuestos
La patronal está dispuesta a llegar a un pacto de rentas con los sindicatos siempre que no haya injerencias ni imposiciones del Gobierno
Al presidente de la patronal, Antonio Garamendi, le ha sentado como un tiro que el Gobierno, a través de los sindicatos, le haya amenazado con subir el impuesto de sociedades si no firma un pacto salarial. La patronal está predispuesta a retomar el V AENC (acuerdo para la negociación colectiva), siempre que no haya ni coacciones ni injerencias del Ejecutivo.
Dicho de otra manera, el pacto de rentas es proporcionalmente más fácil de cerrar en la medida en que la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, esté más alejada de la mesa de negociación. Así se pondrá de manifiesto en la próxima reunión de los agentes sociales para afrontar la negociación colectiva para los próximos tres años. La patronal irá a la mesa con una propuesta salarial propia, pero siempre que no se dé por entendido que será un trágala. Bajo ningún concepto están dispuestos a debilitar aún más la autonomía de las partes para acordar las materias que les son propias, tal y como reconoce la Constitución.
En la última reunión ejecutiva de la patronal quedó claro que la concertación social no puede ser un acto de adhesión forzoso a las tesis del Gobierno. Ni los sindicatos pueden imponer sus tesis y la cláusula de revisión que desean, ni tampoco su calendario para que tenga una rentabilidad electoral.
Es cierto que ahora mismo existen todas las condiciones objetivas para que el acuerdo salarial sea posible para el periodo 2023-2025. Esto daría una enorme estabilidad política y económica no sólo al actual Gobierno sino al que pueda salir de las urnas en unos meses. Por tanto, a todos les conviene garantizar la paz social en un momento en que las tasas de inflación han retrocedido al 3,3%, los beneficios se han recuperado y el crecimiento se mantiene.
La discrepancia fundamental es que para los sindicatos ha llegado el momento de repartir beneficios después de tantos años de ajuste. De acuerdo con la central de balances del Banco de España, las empresas no financieras españolas aumentaron sus beneficios un 91,3% y su cifra de negocios subió nada menos
De acuerdo con el refranero, cada uno cuenta la feria según le ha ido. Lo mismo pasa con la economía. A los sectores energético, financiero o defensa, las cosas les ha ido muy bien. Sin embargo, a otros les ha ido fatal. La razón es que les han subido todos los costes, desde los energéticos a los financieros, pasando por las materias primas, los laborales o fiscales, sin que hayan podido trasladarlos a los precios. que un 41%. Ha llegado el momento de recuperar el poder adquisitivo que se perdió con la pandemia y la guerra de Ucrania.
Sin embargo, la patronal considera que no hay que repartirse la piel del oso antes de cazarlo. Reconoce que las empresas se están recuperando de la gran crisis de la covid. Esto explica las fuertes inversiones registradas el año pasado y el aumento del empleo: “Los beneficios de hoy son las inversiones de mañana y el empleo de pasado mañana”. Es decir, se está cumpliendo la secuencia propia de la salida de una crisis. Según se dice, el aumento salarial es el último eslabón de la cadena.
No obstante, advierte que pese a esta mejoría aún se está por debajo de las cifras de antes del gran encierro del 2020. También señala que se trata de cifras muy distorsionadas por el fuerte aumento de la inflación en el último año. Y sobre todo, que la productividad en España sigue estancada desde hace más de dos lustros. Por tanto, no se puede entrar a discutir el reparto de los beneficios vía salarios sin tener en cuenta que una parte de estos beneficios se debe dirigir a la inversión para modernizar la empresa en el entorno de transformación tecnológica como el que estamos.
Esta es otra de las grandes demandas de los empresarios frente al Gobierno. Según dicen, en su afán de apuntarse “tantos políticos” el Ejecutivo ha estado legislando en materias que deberían ser discutidas en el marco del AENC.
Es en este contexto en el que los agentes sociales tendrán que cerrar un acuerdo equilibrado para los tres próximos años.