Dónde está la ley española de Industria?
Lo celebramos mientras duró: hace apenas unos meses, la industria estaba en boca de todos. La pandemia y la falta de suministros la colocaron en primera línea. Se evidenció su contribución, se comprobaron los riesgos de no tener una industria diversificada. Ahora hemos dejado atrás las necesidades urgentes y nos hemos olvidado de ella, hemos dejado de poner la intensidad y el énfasis que requiere. La industria está desencantada.
“Tothom se’n recorda de santa Bàrbara quan trona” o “A port arribat, vot oblidat”… Existen muchas expresiones para caracterizar la situación eterna que vivimos con la industria. Da igual que ella, junto con el sector exterior, sea la que nos acostumbre a ayudar a salir de las crisis. No importa que la industria sea el sector que genera un empleo más estable, y en el que se ha producido un mayor aumento salarial en todos sus cargos profesionales, como destaca el Informe Evolución Salarial 2007-2022 que han presentado recientemente EADA e ICSA. Es lo mismo que por cada euro invertido en la industria se generen más de 4 euros de inversión en el resto de los sectores.
La Unión Europea determina la necesidad de una autonomía estratégica basada en la industria y, dentro de sus competencias, todas las administraciones deben avanzar en esta dirección. Pese a todo ello, existen dudas bien fundadas sobre si terminaremos la legislatura con la prometida ley de Industria. Si bien muchas personas han estado trabajando de forma intensa y realizando aportaciones, diputados de los distintos grupos políticos ya han verbalizado que, encontrándonos en año electoral, no se aprobará. ¿Por qué no existe una conciencia generalizada sobre los aspectos clave? Mientras que en algunas comunidades se intenta avanzar, por ejemplo el País Vasco con su Plan de Desarrollo Industrial 20212024 y en Catalunya con el Pacte Nacional per la Indústria 20222025 –sobre el que solicitamos en su ejecución el mismo consenso que en su aprobación–, en el Congreso no parece que la industria interese ahora más allá de las grandes declaraciones. Como indica el propio anteproyecto de la ley de Industria, ésta aborda e impulsa la promoción industrial, la mejora de la competitividad, la reindustrialización, la digitalización, la adaptación a la neutralidad climática, la autonomía estratégica industrial, los ecosistemas industriales y los proyectos de interés general. En un momento en el que hay que afrontar estos grandes retos, acabamos de vivir el doble cambio de titularidad en el ministerio y la secretaría general de Industria.
Tenemos que pedir responsabilidades. Necesitamos una ley de Industria que contribuya a poner las bases y facilite la mejora de la competitividad de nuestra economía. Sabíamos que entrábamos en una etapa donde lo público ganaría peso, con una mayor regulación y con nuevas políticas activas. Pero la industria siente que, en la práctica, solo se opta por lo primero, que también es necesario, pero no llega lo segundo.
El ámbito público debe actuar con responsabilidad y celeridad. Cuidarse de la industria no es necesario porque sí. Es la que contribuirá en la transición que debemos hacer hacia un nuevo modelo más sostenible, para aportar mejoras sociales y mayor bienestar. La industria positiva requiere del necesario impulso para que pueda llevar a cabo su cometido. Los hechos no acompañan y, como consecuencia, una vez más la industria se siente menospreciada.