Deberes por parte de la demanda
La seguridad alimentaria y la sostenibilidad de los sectores agrarios y ganaderos pasa también por la introducción de cambios en la demanda. Tanto el IPCC y la FAO como los expertos consultados hacen un llamamiento a reducir la pérdida o el desperdicio alimentario, a un consumo de proximidad y a una menor ingesta de carne.
Sector público El peso del sector público con relación al PIB ha pasado de un 39% a un 43%; el plan es aumentarlo en un 24% en cuatro años
Los acontecimientos de los últimos tres años han sido excepcionales. La pandemia y una gran guerra en Europa han puesto a prueba a las sociedades europeas y han otorgado un gran protagonismo al Estado. En situaciones de excepcionalidad esto es lógico. El Estado cumple varias funciones en una sociedad moderna y una de ellas es la de actuar de “asegurador de última instancia”, tomando prestada una expresión similar, muy usada para los bancos centrales.
El Estado es la institución que permite a una sociedad moderna coordinar las acciones individuales de los ciudadanos para alcanzar fines comunes. Es decir, implementar la acción colectiva. El papel del Estado en áreas como la educación es objeto de controversia política, pero ofrece pocas dudas en cuestiones como la defensa o las crisis sanitarias. El caso de la pandemia es paradigmático. Una crisis sistémica, de salud pública, ante la cual el ciudadano individual solo puede obtener protección a través del seguro colectivo que es el Estado, con su capacidad coercitiva y los recursos a los que puede acceder.
No es sorprendente, por tanto, que en estos años tan difíciles el Estado haya aumentado su presencia en nuestra economía, y por ende en nuestra sociedad. En términos de ingresos, entre el 2018 y el 2022 el peso del sector público con relación al PIB ha pasado de un 39% a un 43%. La cifra es aún más espectacular en los gastos, pasando de un 42% a un 48%. Pasada la emergencia sanitaria, y conforme se reconduzca la guerra en Ucrania, sería lógico que estas cifras disminuyeran. No parece, sin embargo, que esta sea la voluntad de nuestros gobernantes, a juzgar por el programa de estabilidad que se acaba de presentar ante las autoridades europeas. El plan consolida el aumento del peso del sector público en la economía. En ingresos, el objetivo planteado es el 44% del PIB. Un aumento de un 24% en cuatro años, en los que se espera que el PIB crezca un 21%, todo ello en euros corrientes. Un aumento en toda la regla de la presión fiscal. En términos de gasto, se planifica una caída hasta el 46% del PIB en el 2026, pero con un aumento de los gastos en euros corrientes de un 17%. En ningún caso, por tanto, un recorte.
Todo esto son planes y la realidad será, sin duda, muy diferente. En especial porque el programa asume que el PIB en euros constantes crece, de media, un 2% al año, y que los tipos de interés de los bonos del tesoro a diez años suben gradualmente hasta el 3,8%. Tras la fuerte subida de los tipos de interés de los últimos doce meses, estas hipótesis son aventuradas.
En cualquier caso, el plan muestra un camino, una voluntad política de preservar esa mayor presencia del Estado en nuestra sociedad. Algunos verán en ello una bienvenida mayor protección social. Otros, paternalismo estatal, un caldo de cultivo para más corrupción y el fomento de una sociedad subsidiada y cautiva de los poderes políticos. Elija usted mismo su opción.