¡Cuánto trabajo para nada!
Sí, debo decirlo. Más de 100 personas trabajando durante dos años (reuniones y documentos) para que, en unos minutos, el día antes de presentar precipitadamente el acuerdo político de la ley de Vivienda en el Congreso de los Diputados, el Ministerio de Economía intervenga y, en base a no sé qué intereses, se cargue de un plumazo el poco texto que habíamos consensuado desde el Cgcoapis de España y desde la Confederación Cnaei con el ministerio en materia de vivienda (Mitma). Una cuchillada. El texto referido favorecía un registro obligatorio en toda España para los agentes inmobiliarios, y obligaba asimismo a tener un seguro de responsabilidad civil y de caución para ejercer la profesión. No era mucho, tras pedir que se obligara a una formación adecuada, tal y como se obliga al que cocina una tortilla (certificado de manipulador de alimentos). Pues sí, no hubo manera de hacer entender al Ministerio de Economía, que debe entender de otras cosas, pero nada de alquileres, ni de ocupaciones ilegales, ni de las necesidades de nuestra profesión de proteger al ciudadano ante lo que puede ser la mayor inversión de su vida: comprar un piso.
Parece que el presidente del Gobierno, o quien fuera en su lugar, dijo que cualquier tema sobre la ley de Vivienda debía ser tutelado por el susodicho ministerio. Al fin y al cabo, lo que reclamamos ya lo tienen autorizado otras profesiones afines y parecidas, pero una desconfianza parece volar sobre nuestra profesión que desde el 2000 sigue sin regularse y que permite que el mismo que me cocina la tortilla se ponga a intermediar inmuebles sin más idea que la de un huevo.
La opción final fue un plato de lentejas: o registro voluntario (que no solo no sirve para nada, sino que podía poner en peligro los registros obligatorios que ya hay), y entonces sí se aceptaba la obligatoriedad de los seguros, o nada. La primera condición era inasumible, y la segunda sin la primera no la aceptaban, así que nada. Y todo el trabajo intenso de más de un año se fue por el desagüe.
La manifiesta incompetencia de ciertos dirigentes políticos en temas inmobiliarios es desesperante. Reconozco que los altos dirigentes del Mitma siempre nos han atendido y ayudado, pero a los hechos me remito: no ha servido para nada. Todo un sector que representa más del 20% del PIB sigue indefenso ante el creciente ataque a los intermediarios y a la propiedad privada. La limitación de este espacio me impide entrar en detalles sobre los precios de alquileres, la ocupación ilegal, los honorarios de los profesionales o la regulación de la profesión, pero créanme ustedes: muchas de las nuevas leyes solo conseguirán lo contrario de lo que intentan conseguir.
Quiero agradecer el trabajo de diferentes diputados del Grupo Parlamentario Plural, su ayuda y esfuerzo, hasta el último día, para apoyar nuestras peticiones.
Lo acordado El texto consensuado favorecía un registro obligatorio para los agentes inmobiliarios; ahora solo será voluntario
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