Silencio de EE.UU. en torno al caso Assange
Los partidarios de Wikileaks dudan de un juicio justo
Pese a sus evidentes implicaciones en el caso Assange, EE.UU. guarda silencio en torno al contencioso. Un por- tavoz de la Casa Blanca señaló ayer que la situación debe resolverse entre Londres y Quito. Por su parte, los par- tidarios de Julian Assange dudan de que tenga un juicio justo en caso de ser extraditado.
Se consideran amigos. A veces hablan por teléfono. La última, el 6 de abril pasado. Desde Gran Bretaña, donde vive atrapado en una maraña político-judicial, Julian Assange llamó a Daniel Ellsberg, que reside en California, para felicitarle por su aniversario. Cumplía 81 años.
A Ellsberg se le ha descrito a veces como un predecesor de Assange. En el 1971, este ex alto funcionario de la Administración Johnson entregó a The New York Times los llamados papeles del Pentágono: 7.000 páginas de una historia secreta de la guerra de Vietnam, redactada en el departamento de Defensa, donde se evidenciaban las mentiras del Gobierno de Estados Unidos.
“Yo fui la primera persona que afrontó los cargos que el presidente Barack Obama probablemente presentaría contra Julian Assange si le trajesen aquí: violación de la ley de Espionaje”, dice Ellsberg por teléfono.
La ley de Espionaje, del 1917, no se había utilizado antes y raramente se utilizó después. Su proceso se anuló al evidenciarse las irregularidades que la Adminis- tración Nixon había cometido para desacreditarle.
La diferencias entre Ellsberg y Assange son enormes, pero algunos, empezando por el propio Ellsberg, ven semejanzas. Ahora es la Administración Obama la que investiga al filtrador de Wikileaks. Oficialmente se resiste a revelar si, como sospechan Assan- ge y sus aliados, pedirá su extradición para juzgarlo en EE.UU. Estos días, mientras Gran Bretaña, Ecuador se enfrentaban en un pulso por el destino del agitador australiano, Washington se ha mantenido en silencio.
Assange se encuentra encerrado en la embajada en Londres de Ecuador, que le ha concedido el asilo. Pero las autoridades británicas no le permiten salir de la embajada para subirse a un avión y volar al país andino. Assange y sus aliados temen que Gran Bretaña le extradite a Suecia, donde la justicia le requiere por una denuncia por abuso sexual. Y de allí podría acabar extraditado a Estados Unidos.
“En estos momentos Estados Unidos lo ve como un problema que debe resolverse entre el Gobierno británico, el Gobierno ecuatoriano y el Gobierno sueco”, dijo ayer Josh Earnest, un
portavoz de la Casa Blanca. “No hemos intervenido en esta cuestión y no dispongo de ninguna indicación sobre si es una cuestión en la que intervendremos”.
Y, sin embargo, todos los movimientos de estos días, en Londres, en Quito, en Estocolmo tiene como trasfondo la posibilidad de que Assange acabe ante un tribunal norteamericano.
“Si Suecia lo extraditase por demanda de Estados Unidos, podría ser condenado a cadena perpetua, incluso a la pena capital, aunque me parece improbable que lo intenten”, dice Ellsberg. La paradoja, en su opinión, es que “si China intentase extraditarlo para afrontar cargos allí, estoy seguro de que Assange podría refugiarse en cualquier embajada de EE.UU.”.
Como mínimo desde finales del 2010, el departamento de Justicia ha reconocido estar investigando cómo procesar a Assange en EE.UU. En un artículo en The Guardian, su abogado en EE.UU., Michael Rattner, cita varios indicios que apuntan a la intención de procesar a Assange. Entre otros, la existencia de un gran jurado en Virginia que debe decidir sin presentar cargos por violación de la ley de Espionaje.
Apóstol de la transparencia, Ellsberg ha respaldado a Assange desde que en el 2010 su organización, Wikileaks, empezó a publicar decenas de miles de documentos secretos del Pentágono y del departamento de Estado.
“No hay ningún fundamento por el que podría ser condenado que no se aplique también a Bill Keller”, dice. Keller era el director de The New York Times cuando el diario publicó algunos de los documentos obtenidos por Wikileaks. Otra posibilidad sería juzgarlo como conspirador contra los intereses de EE.UU., como un cómplice del soldado Bradley Manning, el acusado de filtrarle los documentos.
Ellsberg sostiene que las garantías de un ciudadano ante un caso de este tipo son menores hoy que hace 40 años, cuando filtró los papeles del Pentágono. Entonces, los hombres de Nixon llegaron a entrar ilegalmente en la oficina de su psiquiatra para hurgar en sus archivos médicos.
“Desde el 11-S la mayoría de estos crímenes son legales. El presidente puede entrar en mi oficina sin orden de registro. Pueden grabarme. Y puede enviar un equipo de asesinos contra un ciudadanos americano”, se queja.
“Obama ha reivindicado el derecho a hacerlo, incluso a matarlos con drones (aviones sin piloto) o de otras maneras”, añade, en alusión a las listas de objetivos terroristas que maneja la Casa Blanca y que han incluido ciudadanos de EE.UU.