Escoltas y ETA
ETA continúa condicionando la asignación de escoltas en el País Vasco aunque las vigilancias se han relajado
ETA, a pesar del año y medio transcurrido desde que abandonó el terrorismo, sigue condicionando la asignación de escoltas en el País Vasco, aunque las vigilancias se han relajado.
ETA continúa condicionando la asignación de escolta a cargos políticos e institucionales en Euskadi a pesar del año y medio transcurrido desde su decisión de poner fin definitivo a su actividad terrorista. Políticos de PSE, PP y UPyD, partidos que fueron en su día objetivo de ETA, concentran en estos momentos la mayoría de los escoltas encargados de su protección.
El número de cargos públicos escoltados ha descendido de forma progresiva desde el anuncio de la organización terrorista de octubre del 2011 y la práctica totalidad de concejales socialistas y populares que tenían protección viven en estos momentos sin ella. Las imágenes de ediles de pequeños pueblos que trabajan en el campo con escolta han pasado a la historia. La reducción del número de escoltas fue progresiva: pasaron de tener dos guardaespaldas a uno y más tarde se les retiró ese único agente policial o vigilante privado encargado de su custodia.
Dos datos recientes ilustran esta nueva realidad. El presupuesto del Gobierno vasco para la contratación de escoltas de empresas privadas cayó el pasado año 2012 un 56% –pasó de 88 a 36 millones–, y el Ejecutivo autonómico plantea reducir de 215 a 135 los ertzainas especializados en realizar labores de escolta. Una gran parte de los centenares de escoltas privados han ido al paro y esperan que el Gobierno les ayude a recolocarse como vigilantes del exterior de las prisiones.
La asignación de guardaespaldas tiene lugar en estos momentos por dos criterios fundamentales: el institucional y el hecho de haber estado en la diana de ETA. El primero explica que la presidenta del Parlamento Vasco, Bakartxo Tejería (PNV), el lehendakari Iñigo Urkullu y todos sus consejeros lleven protección. El segundo motiva que una buena parte de los parlamentarios de PSE, PP y UPyD vivan todavía en estos momentos, al menos parcialmente, con la compañía de escoltas. En el caso de los socialistas, Patxi López, en su condición de exlehendakari, tiene protección, al igual que el portavoz del grupo, la representante en la Mesa del Parlamento vasco y los tres electos que ejercieron el cargo de consejero del Gobierno vasco en la pasada legislatura: Idoia Mendia, Rodolfo Ares e Isabel Celaá. También disponen por ahora de escolta los secretarios generales provinciales del PSE.
En el caso del PP la protección se extiende a la práctica totalidad de los parlamentarios, con su líder, Antonio Basagoiti, a la cabeza. Eso sí, hay casos particulares de renuncia a tener guardaespaldas y, en términos generales, el régimen de acompañamiento se ha visto flexibilizado de forma sustancial. Al día siguiente del anuncio de ETA de renuncia a la violencia, el líder del PP salió de la sede de su partido a fumarse un purito en la calle. Salió solo, sin dar aviso a sus escoltas, por primera vez en muchos años. Escenas cotidianas antes impensables, vuelven a ser normales, como encontrarse con un exconsejero de Interior que sale de probarse unos pantalones en una tienda sin ir rodeado de una corte de policías de paisano.
El fin de la amenaza etarra ha hecho que la escolta se preste habitualmente sólo los días laborables, pero no para actividades de ocio y se circunscriba a los límites del País Vasco y no se mantenga a otras partes de España.
Ni los parlamentarios de PNV ni EH Bildu llevan escolta, a excepción de aquellos que disponen de dicho servicio por su cargo institucional como son los casos ya referidos de Bakartxo Tejería e Iñigo Urkullu.