Seguridad al margen de polémicas
El relevo de Mossos por Policía Nacional en la escolta de Alicia Sánchez-camacho sacude el trabajo en silencio de los agentes
ISABEL GARCIA PAGAN CARMEN DEL RIEGO Barcelona / Madrid
Discreción y profesionalidad. Aplicación de criterios de seguridad y riesgo y en ningún caso político ni siquiera presupuestario. Esas son las máximas en la actividad de los 164 agentes que trabajan en el área de escoltas de los Mossos d’Esquadra bajo el mando del inspector Francesc Camprubí. El trabajo invisible de unos agentes que se convirtió en el epicentro de una nueva disputa política desde el momento en el que la líder del PP de Catalunya, Alicia Sánchez-Camacho, decidió prescindir de sus servicios y poner su seguridad personal en manos de la Policía Nacional. El motivo oficial, la quiebra de confianza con el director de los Mossos, Manel Prat, argumentando que recogió con su coche oficial a una periodista que se había reunido con el responsable de Método 3 antes de ser detenido.
La decisión de Sánchez-Camacho, rechazada por todos los grupos políticos, no afecta al trabajo ordinario de los agentes de la policía catalana destinados a tareas de seguridad. Una vez completado el traspaso a la Policía Nacional del servicio de la líder del PP, los Mossos protegen en Catalunya a 26 personas de forma habitual. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, es el único con un servicio integral –24 horas al día 365 días al año–. También disponen de escolta habitual los once consellers del Govern, –los actos de los responsables de Interior, Salut y Ensenyament son probable escenario de protesta–, los que los tres expresidents y dos directores generales. Precisamente Manel Prat y el de Serveis Penitenciaris, Xavier Martorell, también salpicado por el caso Método 3. La presidenta del Parlament, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, el fiscal jefe –ahora en funciones tras su dimisión forzada–, y el director de la Oficina Antifraude, son otros cargos públicos a los que los Mossos dispensan protección.
Repasando el hemiciclo del Parlament, sólo el líder de ERC, Oriol Junqueras, dispone de seguridad habitual y se está ajustando el servicio al primer secretario del PSC, Pere Navarro, que mientras fue alcalde de Terrassa se hacía acompañar de agentes locales. Otros líderes políticos como Joan Herrera (ICV) o Albert Rivera (Ciutadans) reciben protección en función del análisis de riesgo al que se someten sus agendas. Ese constituye el segundo tipo de servicios de protección y a la que también tienen acceso altos cargos del gobierno y personajes públicos. Se estudian las situaciones de riesgo y se adecua el dispositivo. Los Mossos también se ocupan de la seguridad a ilustres invitados por la Generalitat o mandatarios internacionales que pasan por Catalunya. Esos servicios no superan el medio centenar al año y han sido destinatarios últimamente el expresidente brasileño Lula da Silva o el primer ministro galés.
En cualquier caso, su ámbito de actuación es el territorio catalán, aunque hasta ahora también se acompaña a las personas escoltadas en sus viajes al País Vasco –ahora en revisión– y a Madrid. Tampoco la Ertzaintza sale de Euskadi. Los servicios en el resto del territorio son limitados pero siempre se informa a los cuerpos de seguridad del Estado en la sala de coordinación interpolicial de Catalunya para que tengan conocimiento de la presencia de una personalidad catalana en su territorio. Así, los Mossos ofrecen servicios de seguridad a Josep Antoni Duran Lleida en Catalunya, pero el líder de Unió renuncia a vigilancia en Madrid.
Y es que “la escolta no es un derecho, es una carga”, tal y como lo describe Alfonso Alonso, el portavoz del PP en el Congreso que lleva escolta desde 1997, cuando era concejal en Vitoria, muy a su pesar. El ministerio del Interior le mantiene la vigilancia por haber sido objeto de amenazas, también terroristas, más allá del cargo que se ostenten. En el Congreso lleva escolta Alfredo Pérez Rubalcaba, pero también Eduardo Madina y el popular Iña- ki Oyarzabal. Y no la llevan muchos portavoces parlamentarios.
En la dirección del PP –al margen de Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, por su cargo de presidenta de Castilla-La Mancha– sólo disponen de protección oficial el vicesecretario Javier Arenas, por su condición de exvicepresidente que ha aparecido como objetivo de ETA, y Jaime Mayor Oreja, como exministro del Interior, también amenazado. Carlos Floriano o Esteban González Pons, vicesecretarios generales, no llevan escolta y sólo tienen a su disposición coche y conductor que les proporciona el PP. Otra cosa es que gran
parte de sus barones sean ahora presidentes autonómicos, que sí cuentan con servicio de seguridad en virtud de su cargo.
En la Comunidad de Madrid, salvo el presidente, Ignacio González, ningún otro miembro del Consejo de Gobierno o los portavoces de los grupos en la Asamblea disponen de protección policial, salvo que se haya detectado algún riesgo específico. Eso sí, cuentan con coche oficial y con- ductor. Lo mismo ocurre en el Ayuntamiento de Madrid. En ambos casos, desde que empezó la legislatura se han suprimido vehículos y conductores, dada la combinación de austeridad y ausencia de amenaza terrorista, aunque en algunos momentos se ha llegado a plantear si la crispación social, que hace que los políticos significados sean increpados, no obligará a volver a poner algún sistema de protección.