Salvar las AS
Intereses enfrentados bloquean el plan para prohibir los pesticidas que matan a los grandes polinizadores
Salvad las abejas. Es la consigna que lanzan expertos, sindicatos agrarios y grupos conservacionistas ante el declive de estos insectos polinizadores. Sin embargo, el plan preparado por la Comisión Europea para prohibir los insecticidas usados en cultivos que atraen a las abejas quedó bloqueado la semana pasada. Un inusitado conflicto de intereses cruzados entre países, con intervención directa de las grandes compañías químicas, mantiene las espadas en alto.
Las sospechas sobre el mal de las abejas se dirigen hacia los insecticidas llamados neonicotinoides, utilizados para recubrir las semillas de las futuras plantas (girasol, colza, algodón y maíz), entre otros usos. El problema es que cuando las plantas crecen, las abejas que acuden a libar en la flor, para recoger el néctar o el polen, resultan intoxicadas. Así, los insectos ven atacado su sistema nervioso, pierden la orientación, no pueden regresar a las colmenas y sufren parálisis e incluso la muerte.
El uso de insecticidas neonicotinoides ha sido relacionado con el síndrome de despoblamiento de las colmenas que sufren las abejas. Este es un fenómeno conocido desde hace años, y que se atribuía sobre todo a diversas circunstancias (sequías, falta de alimento para las abejas, plagas de ácaros). Pero ahora los expertos consideran que el empleo de los insecticidas es uno de los factores más relevantes en el declive de las abejas ( Apis mellifera).
El despoblamiento de las colmenas fue detectado hace años en Estados Unidos, y en Europa los apicultores han venido denuncian los insecticidas desde hace más de quince años. En España, la pérdida de colonias de abejas surgió como gran preocupación desde la primavera del año 2005 hasta que se ha convertido ya en un problema estructural en las explotaciones apícolas.
“La mortalidad normal de las colmenas (su desaparición anual) es de un 5%-10%, mientras que estamos registrando una mortalidad de entre el 25% y el 30%”, indica José Luis González, responsable de apicultura del sindicato COAG. La muerte masiva de las abejas obreras provoca un complejo trasiego de abejas reinas y zánganos por parte de los apicultores, que deben aumentar anualmente la tasa de reposición de los enjambres (lo que supone mayo- res costes de producción) e incrementar el número de colmenas para paliar la pérdida de ingresos. España es primer país apícola de la UE, por lo que abordar la mortandad de colonias de abejas debe ser un asunto prioritario, según los agricultores.
El ataque de los insecticidas neonicotinoides sobre las abejas se da de diversas maneras. La primera se gesta en las semillas que se tratan ( bañadas) con estos productos químicos. El problema es que cuando la planta crece, los residuos también envenenan las flores (de girasol, colza, algodón o maíz) adonde acuden las abejas a captar el néctar y el polen.
Otras veces, el impacto se da en la siembra, cuando se levanta un polvo que alcanza a las colmenas cercanas a los campos de cultivo, con lo que las abejas que están en las inmediaciones o volando entran en contacto con el producto. Se han detectado también casos de contaminación provocada por la pulverización de árboles frutales, lo que ha producido episodios de mortandad aguda. “Hemos visto abejas amontonadas y muertas junto a las colmenas de Valencia”, describe José Luis González. Y también se dan impactos por la exudación ( sudoración) de la planta, porque a medida que va creciendo aparecen gotas de agua en el tallo o en el suelo que también succiona la abeja.
Numerosos informes han apuntado a los insecticidas. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria concluyó que tres de ellos (imidacloprid, thiametoxam y clotianidina) comportan un alto riesgo para las colonias de abejas, según estudios hechos
públicos el pasado 16 de enero, Y, aunque todavía faltan otros, la Comisión Europea propuso aplicar la prohibición temporal (revisable al cabo de dos años) a partir del 1 de julio. La suspensión se limitaba al cultivo del girasol, la colza, el maíz y el algodón; pero no al resto de los más de cien usos autorizados, que incluyen la pulverización en frutales (cítricos, melocotoneros, ciruelos...), los cultivos forestales o los millones de hectáreas de cereales.
Para ser aplicada, la propuesta debía ser votada por los países en el comité permanente de la cadena alimentaria de la UE el pasado viernes. Pero ante la falta de una mayoría cualificada, la única salida del comisario de Salud y Consumo, Tonio Borg, es ahora presentar un texto enmendado.
Trece países (entre ellos Francia, Italia o Portugal) apoyaron la iniciativa. También lo hizo España, una vez que el texto redactado se hizo más light y excluyó de la prohibición los invernaderos y los cultivos que se recolectan antes de la floración. Otros once países se opusieron (entre ellos, grandes productores de miel como Rumanía o Hungría). Y causaron sorpresa las abstenciones del Reino Unido y, especialmente, de Alemania, que desde el 2008 prohibió el uso de estos insecticidas
“La evidencia científica es clara, pero las compañías de plaguicidas, como Syngenta y Bayer, continuarán presionando para retrasar la prohibición tanto como sea posible. Es importante que la CE no se deje arrastrar y actúe con rapidez para conseguir una prohibición total, en línea con los datos científicos”, afirma Marco Contiero, director de política agrícola de la UE de Greenpeace. “Todo hace pensar que los intereses de las empresas de agroquímicos han estado muy presentes en la reunión”, opina Daniel López, de Ecologistas en Acción. “La propuesta inicial ya nos parecía insuficiente”, dice José Luis González, de COAG, para quien existen ya suficientes pruebas de la “alta toxicidad” de estos plaguicidas, por lo que pide que se retiren de inmediato.
La industria agroquímica, representada por la Asociación para la Protección de las Plantas, sostiene que el acuerdo era negativo y infructuoso, y que, de aplicarse, podría causar en cinco años pérdidas por valor de 13.000 millones de euros y la desaparición de entre 50.000 y 60.000 empleos en la UE.