Los notarios critican la reforma de los registros públicos
El colectivo cree que aumenta la burocracia y afectará a la intimidad
En la era digital, más burocracia. En tiempos en que se hace preciso el dinamismo, más trámites. Este es el espíritu de las críticas que vierten los notarios sobre el proyecto del Gobierno para reformar los registros públicos; una modificación que, en opinión de este colectivo, truncará la seguridad jurídica y será un lastre para el desarrollo económico.
El Ministerio de Justícia ha elaborado un anteproyecto de reforma de los registros públicos (propiedad, mercantil, fundaciones...) que ha supuesto un enfrentamiento de los notarios con el Gobierno y también la aparición de severas discrepancias entre dos colectivos, los notarios y los registradores.
El Consejo General del Notariado ha rechazado de plano el proyecto de reforma y ha solicitado que se vuelva al inicio y se rehaga el texto. La principal crítica es el aumento de las cosas que habrá que inscribir para el tráfico jurídico: cambio de domicilio, testamento, seguros o cualquier poder. Esto, además de un engorro, tendrá otras consecuencias, porque incrementará los costes para los ciudadanos, los plazos para llevar a cabo cualquier operación serán mayores y se producirá una pérdida de la privacidad.
En la revista de los notarios, Escritura Pública, se explica un ejemplo para ilustrar este problema: un hombre separado pretende vender un local a una mujer que está casada en régimen de separación de bienes y que tiene una actividad económica por medio de una socie- dad, para la cual quiere precisamente adquirir el inmueble. Pues bien, deberán aportarse inscripción de las capitulaciones matrimoniales en el registro civil, la anotación de la demanda de separación, las inscripciones de los poderes de los representantes del comprador y del vendedor, la inscripción del domicilio de todos, a lo que habría que unir trámites fiscales y administrativos.
Según el Consejo General del Notariado, el registro civil en España era un modelo de seguridad jurídica preventiva, que ahora quedará dinamitado constituyéndose en un caso aislado en la Unión Europa. En la revista se critica que este registro salga de la órbita judicial para ser responsabilidad del Colegio Nacional de Registradores.
Los notarios critican duramente a los redactores del anteproyecto de ley y aseguran que no se ha contado con ellos para debatir el asunto. Para este colectivo, si se aprueba la nueva norma supondrá un retroceso frente a la situación actual, por ejemplo en lo que concierne a la privacidad, pues se debe inscribir gran cantidad de datos que antes no eran necesarios para llevar a cabo cualquier operación. En este sentido, señalan que se producirá una vida jurídica al margen de la real, y aseguran que todo aquello que no se haya inscrito no existirá, hasta el punto de tener que revelar los capítulos matrimoniales para asegurar determinadas inscripciones; una situación que la revista de los notarios define como “Gran Hermano orwelliano”.
Otra de las cuestiones que merecen la crítica del Consejo General del Notariado es la falta de conexión entre el Catastro y el Registro de la Propiedad, de tal forma que se garantice a los ciudadanos que los datos que figuran en ambos sobre una finca coincidan. Para este colectivo, resulta “incomprensible” que esta reforma se haga sobre una ley del 2011 que ni siquiera ha entrado en vigor y en la que se han modificado más de 60 artículos. Para los notarios, este borrador es “antisocial y retrógrado”.