El juez absuelve al subinspector de los Mossos que ordenó la carga en la UDG
El juzgado de Girona ha absuelto al subinspector de los Mossos d’Esquadra que ordenó la carga policial en el claustro de la Universitat de Girona (UdG), el 16 de diciembre del 2011, durante la celebración del XX aniversario, en el que asistió el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Según detalla la sentencia, la actuación policial era “imprescindible” para garantizar la “seguridad” después de que más de medio centenar de estudiantes intentaran irrumpir en el aula magna para boicotear el acto académico que se celebraba en su interior.
El juez, Manuel Ignacio Marcello, considera que era necesario el uso de la “mínima fuerza imprescindible” para poder desalojar el claustro aunque reconoce que dos de los agentes antidisturbios se excedieron en su actuación, ya que golpearon con una porra a un trabajador y a una estudiante “de manera desproporcionada y gratuita”. Dichos agentes, sin embargo, no pudieron ser identificados porqué no llevaban su número de placa. Además, según precisa el juez, tampoco se puede hacer responsable de su actuación al subinspector que capitaneaba la brigada móvil.
La sentencia, que llega seis días después de la celebración del juicio, concluye que el mando de los Mossos actuó de manera “profesional y conforme a derecho”. El magistrado señala, en este sentido, que la carga era “imprescindible” porque en aquellos momentos la situación se había vuelto “peligrosa”. Los estudiantes y el personal de la UdG habían convocado una concentración de protesta contra los recortes aprovechan- do la visita del presidente Mas. Para intentar boicotear el acto, rompieron una antigua puerta de emergencia que comunica el aula magna con el claustro de Letras. Los agentes empezaron a recibir una lluvia de objetos como partes de mobiliario y piedras.
El subinspector, que acabó sentado en el banquillo de los acusados a raíz de una denuncia interpuesta por nueve estudiantes y dos miembros del personal universitario que sufrieron diferentes lesiones (mayoritariamente golpes de porra), se enfrentaba a pagar 19.800 euros de multa por once faltas de lesiones y 2.560 euros más de indemnización. La Fiscalía y el abogado de la Generalitat pedían, en cambio, su absolución.
La sentencia no es firme y se puede presentar recurso. El letrado de los denunciantes, Benet Salellas, avanzó que “evidentemente” recorrerá la decisión y advirtió que la sentencia reconoce que “hubo excesos” en la actuación policial.