Oriol Pujol “delega” sus cargos al ser imputado por las ITV
Número dos de Convergència deja sus funciones a compañeros de partido y seguirá como diputado TSJC aprecia indicios de que utilizó su “peso político” para beneficiarse “él y/o sus amigos”
Apenas se supo que el Tribunal Superior de Catalunya había decidido imputar a Oriol Pujol Ferrusola por el caso de las ITV, el secretario general de Convergèn- cia anunciaba que “delega” este cargo y el de presidente del grupo parlamentario en compañeros de partido. Seguirá como diputado.
Nuevo imputado en el Parlament de Catalunya. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) imputó ayer al secretario general de CDC, Oriol Pujol, por tráfico de influencias en el caso de las ITV, lo que le llevó a hacer efectivo su compromiso de no ser “un estorbo” para el proceso soberanista abierto en Catalunya. El número dos de CDC compareció para anunciar la “delegación temporal” de sus responsabilidades como secretario general del partido y como presidente del grupo de CiU en el Parlament, aunque mantiene su acta de diputado. Asimismo, reiteró su inocencia, defendió la legalidad de sus actuaciones y reclamó celeridad a la justicia.
El TSJC le imputa por usar “su peso político” a fin de conseguir beneficios en la obtención de las concesiones de estaciones de ITV. Los magistrados estiman que “gracias a su peso político” como secretario general de CDC pero “sobre todo” como presidente del grupo de CiU en el Parlament, y para obtener “un beneficio económico para él y/o sus amigos”, Oriol Pujol llevó a cabo actividades punibles, “vulnerando el derecho a la “libre concurrencia pública, de tal manera que con su actuación coordinaba, dirigía y daba el necesario apoyo desde una vertiente política al resto de implicados en este asun- to”. El auto señala que “hay indicios racionales” de que Oriol Pujol ha podido cometer un delito de tráfico de influencias, castigado en el Código Penal, con penas de entre seis meses y dos años de cárcel y de tres a seis años de inhabilitación de cargo público.
Inmediatamente después de conocerse la decisión del TSJC, el secretario general de CDC compareció en la sede de la formación acompañado de los dirigentes en los que delega sus funciones: Jordi Turull asume las del Parlament y Lluís Corominas y Josep Rull se reparten las del partido desde la vertiente de la actuación institucional y de la acción política respectivamente. Una situación que Oriol Pujol confió en que fuera breve, que dijo haber consultado con Artur Mas y Josep Antoni Duran Lleida y que por la noche comunicó a la dirección en pleno de CDC, en una reunión extraordinaria del comité ejecutivo que cerró filas con su persona.
Oriol Pujol justificó su paso atrás como un “planteamiento ético personal”, en un momento de “descrédito y “desconfianza en la política”, para “no entorpecer el proceso histórico de transición nacional que vive Catalunya” y que situó en las antípodas de “intentar protegerme con la senyera”, convencido de que el caso de las ITV no forma parte de la “guerra sucia, que sí la hay, en contra del proceso soberanista”. Pero argumentó que dejar el escaño de diputado sería una “decisión desmesurada”, al entender que “incorporaría una cierta dosis de supuesta culpabilidad”. Mantenerlo le permite, en cambio, garantizar que “la reparación ha de ser posible” y, por tanto, la reversibilidad de su decisión.
Junto al partido, el Govern
también cerró filas con el número dos de CDC. El conseller de Presidència, Francesc Homs, aseguró “respetar una decisión que le honra”, defendió la presunción de inocencia y expresó, “a título personal, todo mi apoyo y confianza en su inocencia”. Entre el resto de formaciones políticas hubo opiniones para todos los gustos: desde ERC –“ha hecho mucho más que otros políticos en su situación”, subrayó Marta Rovi- ra– y el PSC, que dieron por buena la decisión tomada, hasta el PP, ICV, C’s y la CUP, que no se conformaron y le exigieron que renunciara al acta de diputado para dar ejemplo.
El núcleo del caso de las ITV es la elaboración del plan de concesión de estaciones por parte de la Generalitat que fue llevado a los tribunales. Según describe el auto del TSJC, Oriol Pujol tenía “pleno conocimiento” de la judicialización del asunto, pese a lo cual intentó la concesión de ITV “mediante la intervención de terceras personas, amigos o conocidos suyos (...) que “tenían interés” en el negocio, “sin seguir el procedimiento legalmente establecido al efecto” para conseguir su objetivo “bien de forma personal, bien a través de sociedades interpuestas”. La conclusión es que Oriol Pujol “coordinaba, dirigía y daba el apoyo necesario desde la política” al resto de implicados en la causa.
Según los magistrados, Oriol Pujol llevó a cabo cuatro actuaciones. La primera fue conseguir que el secretario general de Empresa i Ocupació nombrase a Josep Tous como mediador en el conflicto de las estaciones. El auto refiere que Tous “trabajaba también al servicio y defendiendo los intereses particulares” de dos de los empresarios imputados, Ricard Puignou y Sergi Alsi- na. Del primero percibía 12.000 euros mensuales y del segundo 2.000. Tous también era coordinador de la Diputación de Barcelona, cargo del que dimitió tras ser detenido. La segunda gestión que se atribuye a Oriol Pujol es
El tribunal no ha fijado todavía fecha para la declaración de Oriol Pujol ni del resto de los imputados
conseguir que el secretario general de Empresa i Ocupació designara a Isidre Masalles Roman como subdirector general de Seguretat Industrial. La tercera, “colaborar con Sergi Alsina, Ricard Puignou y Josep Tous para que se pudiera llevar a término el nuevo plan territorial de estaciones de ITV” que había elaborado Tous, ampliando el número de concesiones, y, además, “para poder salir todos ellos beneficiados” de denegar la autorización a una de ellas que se encontraba próxima a otra propiedad de Puignou, que veía así mermados sus ingresos. Por último, el TSJC atribuye al dirigente de CDC “participar en una trama societaria ideada para que todos los implicados se beneficiaran”.
El tribunal no ha fijado aún fecha para la declaración de Oriol Pujol. Sí ha designado instructor del proceso al magistrado Enric Anglada, que, curiosamente, ya fue instructor suplente del caso Banca Catalana.