Oriol Pujol, imputado
INMEDIATAMENTE después de hacerse público el auto del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) por el que se imputa a Oriol Pujol Ferrusola por indicios de delito en el caso de las estaciones de la ITV, el propio secretario general de CDC y presidente del grupo parlamentario de CiU en el Parlament anunció que “delega” sus cargos en compañeros de partido, aunque mantiene el acta de diputado. Una decisión que es similar a la que hace poco asumió el secretario de organización del PSC y diputado en el Parlament, Daniel Fernández, también inculpado por tráfico de influencias. Como en el caso de Pujol, Fernández tampoco ha renunciado al escaño.
A tenor de las filtraciones que se han conocido del sumario del caso de las ITV, no ha sido sorprendente la imputación de Oriol Pujol. De hecho, él mismo lo había anticipado hace unas semanas, cuando anunció que se apartaría de sus responsabilidades si finalmente el TSJC decidía actuar en su contra. Entonces, como ayer, insistió en su inocencia y justificó la delegación de sus cargos en que no quería ser un obstáculo para el objetivo de la consulta. Anunció también que tomaría las decisiones pertinentes aun a riesgo de ser injusto consigo mismo. “Tomo esta decisión para no entorpecer un proceso, no para defender mi honorabilidad”, cosa que hará por la vía judicial, según dijo ayer Pujol.
Los casos de presunta corrupción en España y en Catalunya han creado un aire político irrespirable. Tanto por su extensión como por la falta de respuesta contundente por parte de los propios imputados y de sus partidos. Hasta el punto de que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, celebró en febrero dos reuniones con los responsables de las instituciones encarga- das de gestionar estos casos para reflexionar, tomar decisiones sobre cómo afrontar esa lacra y tratar así de recuperar la confianza de una ciudadanía desafecta con la política. Ahí quedó claro que hay diferencias sobre cómo afrontar la imputación de un político, dado que imputar no significa condenar. Mas se declaró partidario de que el político no dimitiera hasta que el juez ordenara la apertura de juicio oral o si, durante el sumario, los indicios resultaran evidentes.
El auto del TSJC es muy explícito. Afirma que los indicios de que Oriol Pujol puede haber cometido un delito de tráfico de influencias son “varios y verosímiles”, que utilizó su “peso político” para favorecer a una trama corrupta y para “beneficiarse personalmente”. A tenor de las conversaciones telefónicas intervenidas por el juez, el auto detalla las acciones emprendidas directamente por el aforado para que las estaciones de ITV fueran concedidas a varios amigos, vulnerando el principio de igualdad en la subasta pública y en detrimento de otras empresas que optaban a la concesión. Pujol, como es obvio, insiste en su inocencia y podrá defenderse con el apoyo de sus abogados ante el juez, cosa que hasta ahora no ha podido hacer.
Oriol Pujol ha delegado sus cargos, que no renunciado a ellos. Es una forma de apartarse del primer plano político a la espera de lo que decida el tribunal, que habrá de juzgarle si en el transcurso de la investigación judicial prosperan los indicios inculpatorios. Su reacción es consecuente con la postura del partido y del propio Mas sobre esta materia, y es similar a la adoptada por otras formaciones, pero en la actual situación de desconfianza hacia la política es comprensible que la ciudadanía perciba que se ha quedado a medio camino.