Chipre se rebela ante la troika y se niega a gravar los ahorros bancarios
El Parlamento rechaza con mayoría abrumadora las condiciones del rescate
Chipre, una isla en los confines orientales de Europa, con una población como la de Extremadura –1,1 millones– y un PIB que representa sólo el 0,2% de la eurozona, decidió ayer ser el primer país de la UE que echa un pulso al poder de la troika.
Tras una larga sesión plenaria y con cientos de manifestantes congregados ante sus puertas, el Parlamento de Nicosia dijo no a las condiciones del rescate impuestas por la UE, el FMI y el BCE. A cambio de un préstamo de 10.000 millones de euros, la troika exigía a Chipre –cuya economía se basa en los servicios financieros– que recaudara otros 5.800 a través de un “impuesto excepcional” a los depósitos bancarios (incluidos los inferiores a 100.000 euros, ignorando la garantía por directiva europea).
El rechazo fue rotundo: cero votos a favor, 36 en contra y 19 abstenciones. Ni siquiera votaron a favor los diputados del partido conservador Disy –además tuvo una ausente–, la formación del presidente Nikos Anastasiadis, que el domingo había explicado a los chipriotas en un discurso que la troika no le había dado otra opción y dejaría caer los bancos isleños en la bancarrota si la medida no era aprobada.
Los chipriotas no se han creído las amenazas europeas. Un 71%, según un sondeo, consideraba que el Parlamento debía rechazar el acuerdo.
En los próximos días se verá si han sido unos ilusos, pero ayer la calle sólo olía a euforia y orgullo. Los manifestantes recibieron el resultado entonando el himno nacional. Además de la bandera de Chipre, muchos portaban insignias españolas, portuguesas o irlandesas. “Porque no sólo luchamos por Chipre, también lo hacemos por España, por Portugal, por toda la gente de Europa. Chipre es sólo el primero, una cobaya, pero los siguientes son ellos”, decía un hombre.
Se fumaron muchos cigarrillos –y se bebió algún whisky– en el Parlamento, un edificio anodino que parece más un instituto de secundaria que la sede del poder legislativo. Las negociaciones, muy intensas, transcurrieron durante todo el día. A media tarde el Gobierno anunció que había modificado el acuerdo para librar de la mordida a los peque- ños ahorradores, con una exención para los depósitos inferiores a 20.000 euros.
No fue suficiente. A las cinco, una hora antes del comienzo previsto del pleno, se hizo evidente ya que Anastasiadis no iba a lograr el apoyo de su socio minoritario en el Gobierno, el partido de centroderecha Diko, cuyos ocho diputados eran imprescindibles –aunque no suficientes, igualmente hubiera faltado otro voto más– para la mayoría.
“Aprobar esta medida sería un error muy grave”, argumentaba a este diario un dirigente de Diko, el exministro de Comercio Antonis Paschalidis, momentos antes de que comenzara la votación mientras tomaba un último café en el bar de la Cámara. “Lo de la exención por debajo de los 20.000 euros es una tontería. Lo que de verdad está en juego aquí es si aceptamos una confiscación de los depósitos bancarios, si cruzamos esta línea roja. Hacerlo no sólo implica atentar contra las bases mismas del sistema bancario, supone además acabar con el negocio de Chipre, lo que sostiene nuestra economía –añadía el exministro–. La gente que ha depositado su dinero aquí, que ha traído su empresa a nuestro país, que ha contratado a abogados y consultores chipriotas, confía en nosotros. ¿Cómo va a venderse Chipre como un país seguro, que favorece los negocios si confisca los depósitos bancarios?”.
Desde los años ochenta Chipre, que nunca tuvo una gran industria, se ha especializado en la oferta de servicios financieros, con un reducidísimo impuesto de sociedades (acaba de subir del 10% al 12,5%) y altos intereses bancarios que le han convertido en un centro offshore, donde empresas de todo el mundo ubican sus oficinas y los millonarios traen sus fortunas. Eso explica que un 40% de los 18.000 millones de euros depositados en los bancos chipriotas son de ciudadanos extranjeros. Según un informe de los servicios secretos alemanes, muchos de ellos oligarcas rusos o ucranianos con vínculos mafiosos que blanquean aquí sus fortunas.
La canciller alemana, Angela Merkel, que afronta este año unas elecciones, no podía permitir que la opinión pública alemana pensara que el dinero de los contribuyentes se destinaba a rescatar a evasores mafiosos. Y la troika exigió a Nicosia que gravara las cuentas corrientes, con el argumento de que quienes se han beneficiado de las ventajas del sistema bancario y financiero de Chipre deben ahora también contribuir a su rescate.
Sin embargo, es casi imposible encontrar un chipriota que critique la presencia rusa en la isla o el funcionamiento del sistema financiero. “Hay blanqueo de dinero en todas partes”, es una frase muy repetida. Los rusos son vistos como una fuente de prosperidad y, en ese sentido, el Parlamento chipriota fue tanto para proteger a los ahorradores chipriotas como para preservar su sistema económico. Confiscar sólo los depósitos bancarios más elevados, como sugerían algunas voces, no era aceptable para la mayoría de chipriotas, que temían infligir un daño irreparable a su sistema financiero y a su propia economía.