El caso de los ERE se relanza con veinte arrestos, nueve en Barcelona
La juez Alaya devuelve a prisión al exdirector de Trabajo de la Junta
Con la detención ayer de una veintena de personas y doce registros, la juez Mercedes Alaya da una nueva vuelta de tuerca para el desmantelamiento de la trama fraudulenta de prejubilaciones en Andalucía. La mayoría de los detenidos son intermediarios y testaferros que presuntamente participaron en la asignación y tramitación de los expedientes de regulación de empleo (ERE), muchos de ellos fraudulentos, a cambio de sustanciosas comisiones.
Un fuerte dispositivo de la Guardia Civil practicó las detenciones ayer en siete provincias. La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, aseguró que el núme-
La operación incluyó detenciones en siete provincias y se calculan una treintena de nuevos imputados
ro de imputados en esta nueva fase será más de treinta. Entre los detenidos en Barcelona hay nueve empleados y cargos de Eurobank y la aseguradora Vitalia. De esta misma empresa fueron detenidas otras dos personas en Madrid. El resto de las detenciones tuvieron lugar en Sevilla, Cádiz, Jaén, Madrid y Las Palmas. Abogados, empresarios, sindicalistas, testaferros... La vuelta al juzgado de Alaya, tras un largo paréntesis de baja laboral ha avivado con fuerza la investigación judicial de la trama en la que ya había unos sesenta imputados, entre los cuales se encuentra el exconsejero de Empleo, An- tonio Fernández, el exviceconsejero, Agustín Barberá y el exdirector general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero. La juez Alaya le tomó declaración y decidió mandarlo de nuevo a prisión por riesgo de que destruya pruebas y de fuga, a petición del fiscal.
En esta investigación se trata de aclarar el uso dado a 732 millones de euros de la partida 31L que la Junta de Andalucía destinó desde el 2001 a las ayudas a empresas en crisis y a trabajadores afectados por expedientes de regulación. Con esta nueva fase de la investigación judicial lo que se pretende es aclarar el pago de comisiones, supuestamente muy por encima de lo habitual en el mercado, a cambio de las pólizas suscritas por aseguradoras para hacerse cargo de la renta hasta que los trabajadores alcanzan la edad legal de jubilación.
Agentes de la Guardia Civil desplazados desde Madrid procedieron a registros en sedes de empresas y despachos de abogados que pudieron haber participado en la intermediación y asesoramiento de los ERE. Entre los imputados se encuentran, además de los citados cargos públicos, lo responsables de las aseguradoras Vitalia y Uniter, Antonio Albarracín y José González Mata. En Jerez fue detenido un cargo de la aseguradora Uniter. Varias de estas actuaciones se derivan de lo instruido en la anterior fase. Así, el chófer del exdirector general de Trabajo declaró a la juez haber viajado a Madrid a recoger de manos del director general de Vitalia, Antonio Albarracín, dinero que correspondería al pago de las comisiones pactadas a cambio de adjudicarle las pólizas de los ERE.
La Junta de Andalucía ha reconocido haber pagado hasta 17 millones de euros a 240 intrusos en los ERE, algunos de los cuales ni siquiera habían trabajado nunca en las empresas que los prejubilaban. Entre 2001 y 2010 se beneficiaron de estas ayudas más de 81.000 trabajadores.
La nueva fase del caso de los ERE provocó ayer una cascada de reacciones, entre las que destaca la petición de dimisión del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, realizada por el PP. Para los populares la situación en Andalucía es insostenible porque “no se puede gobernar con una agenda marcada por la corrupción”. Griñán guardó silencio y en su lugar hablaron los consejeros de Economía, Antonio Ávila, y de Justicia, Emilio de Llera. Ambos mostraron respeto por la actuación judicial y valoraron que la juez esté tomando decisiones rápidas.