El Gobierno defiende la doctrina Parot porque “no es igual un crimen que 132”
Rajoy pide a la justicia europea mantener “un instrumento útil contra el terrorismo”
La defensa de la doctrina Parot como instrumento para mantener en prisión a presos condenados por graves delitos, en especial de terrorismo, conoció ayer un día clave ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo. El Estado español expuso ante la Gran Sala, su última instancia, el recurso frente a la resolución de la propia justicia europea que cuestionó el año pasado dicha doctrina, considerándola contraria al respeto a los derechos fundamentales, por implicar una lectura retroactiva de las leyes penales vigentes en España.
La deliberación puede durar meses. El TEDH no tiene un plazo para fallar sobre el asunto, en el que el Gobierno ha volcado todo su potencial de argumenta- ción jurídica y también política, en el más amplio sentido de la palabra. El Estado ya logró en su día que la justicia europea avalara la ley de Partidos y la ilegalización de Batasuna, y ahora considera que salvar la doctrina Parot equivale a mantener en vigor una pieza clave para consolidar las expectativas de un final definitivo de la violencia, por una parte, y lograrlo sin renuncias ante las víctimas del terrorismo, por otra. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, dijo a su vez que dicha doctrina ha sido “un instrumento enormemente útil en la lucha contra el terrorismo”.
En su esfuerzo por defender e incluso por solemnizar su argumentación, el representante del Gobierno en la vista del recurso, Isaac Salama, centró su intervención ante la Gran Sala en que el fin de la doctrina Parot supondría la puesta en libertad de terro- ristas y violadores –ya que también se dirige contra los casos más graves de delitos contra la libertad sexual–, “que saldrían a la calle sin cumplir sus penas y sin rehabilitar”. Formalmente, el recurso se plantea para el caso de la etarra Inés del Río, que fue la que denunció la supuesta ilegalidad de la aplicación de la doctrina Parot a su expediente penitenciario, consiguiendo que el Tribunal de Estrasburgo fallara a su favor en primera instancia. Pero, más allá del caso concreto, el eventual fallo de la justicia europea contra dicha doctrina supondría la anulación de la interpretación que han venido haciendo el Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal Constitucional (TC) en España sobre el cumplimiento efectivo de las penas.
El representante del Estado expuso, así, que la anulación de dicha doctrina implicaría la puesta
LA IMPUGNACIÓN La vista de ayer en Estrasburgo da paso a una deliberación que puede durar meses LA DECLARACIÓN Fernández dice que cabría la “ingeniería jurídica” ante un fallo contrario al Estado EL RECHAZO La defensa de la etarra Inés del Río afirma que mantener en prisión no es ley sino “castigo”
en libertad anticipada de 54 terroristas de ETA, 7 presos del Grapo, 1 del GAL y 14 reclusos comunes, uno de ellos condenado como autor de 74 violaciones. El abogado del Estado Isaac Salama subrayó estas cifras para sostener que la doctrina Parot no se aplica solamente a los delitos más graves, sino también a terroristas y delincuentes que no han cometido uno solo, sino varios, y a veces muchos. Y en este sentido preguntó con gran énfasis al tribunal, si “¿es igual un asesinato que 132 asesinatos?”, para explicar a renglón seguido que se refería a los 24 consumados cometidos por la etarra Inés del Río y a los 108 que no llegó a perpetrar, pero por los que fue condenada en grado de tentativa.
Los abogados británicos que actuaron en defensa de la etarra Inés del Río expusieron, a su vez, que este caso no tiene que verse como referido a delitos de terrorismo ni a cuestiones políticas, sino resolverse en estricta aplicación de la ley. A su juicio, la doctrina Parot no resiste ese examen, porque no se trata de una previsión legal, sino de “un castigo” y una práctica “injusta”.
Aunque apenas un cinco por ciento de los recursos llegan a la Gran Sala, y su mera aceptación ya es un dato favorable a la impugnación, el fallo de la justicia europea es muy incierto. Dicha instancia la forman 17 jueces, entre ellos el español Luis López Guerra, quien ya estuvo en el primer tribunal que falló contra el Estado. Tras la vista, las asociaciones de víctimas del terrorismo expresaron gran confianza en el resultado del recurso, porque a su juicio los argumentos del Estado fueron muy sólidos. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, manifestó a su vez, que tras el fallo de Estrasburgo cabría aplicar “ingeniería jurídica” a la situación que resulte. Más tarde precisó que con dicha expresión se refería a la capacidad de los tribunales españoles para interpretar, a su vez, la sentencia que dicte la justicia europea. En el tiempo transcurrido entre estas declaraciones, la izquierda abertzale y el PNV criticaron que pudiera intentarse rescatar la doctrina Parot si la anula Estrasburgo.