Barcelona mantendrá la sede del nuevo regulador de ‘telecos’
Barcelona mantendrá la sede de la nueva Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT). Así se decidió ayer en la Comisión de Economía que aprobó por unanimidad una enmienda propuesta de CiU a la ley del Regulador único.
De esta manera, la Dirección de Instrucción de Telecomunica- ciones y Servicios Audiovisuales, como se denominará el nuevo órgano que sustituirá a la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones (CMT), mantendrá su sede en Catalunya.
La ley de Creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contemplaba que las direcciones que dependen de ella tuvieran otras sedes. La enmienda aprobada ayer del regulador de las telecomunicacio- nes mantiene su actual ubicación “con el fin de aprovechar los recursos e infraestructuras ya habilitados”. Josep Sánchez Llibre, diputado de CiU afirmó que “hemos conseguido nuestro objetivo; que Barcelona sea la capital del mundo del móvil y de España en telecomunicaciones”.
El Gobierno está buscando un presidente para el supervisor único que estará a pleno rendimiento antes del verano. Este organismo agrupará a todos los supervisores de los mercados (telecomunicaciones, energía, competencia y sector postal), con la excepción de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la dirección general de Seguros y el Banco de España, que supervisan el sector financiero. Dependerá del Ministerio de Competitivi- dad y tendrá su sede en Madrid.
La Comisión Europea obligó al Gobierno a modificar su diseño inicial con el fin de reforzar su independencia, para lo cual se aumentó el número de consejeros
El Gobierno busca un presidente para el nuevo regulador, que estará en marcha antes del verano
de nueve a diez para facilitar su composición paritaria.
Además, los consejeros serán nombrados por el Gobierno pero tendrán que superar el examen y aprobación de la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, que puede vetarlos.
Durante la tramitación parlamentaria del proyecto se ha delimitado con mayor claridad su autonomía presupuestaria. El objetivo es que las contribuciones obligatorias que se cobren a las empresas se destinen exclusivamente a mantener los costes de la regulación en el sector en el que operan.
Por último, se ha garantizado que el nuevo regulador sea responsable de la regulación de los sectores (en detrimento de los departamentos ministeriales), tal como exigía la CE. En materia sancionadora se reconoce la facultad de inspección y se consagra el principio de separación entre la instrucción y la resolución de los expedientes.