La Vanguardia

La Audiencia Nacional decide investigar a Blesa por las preferente­s

El proceso se centrará en los directivos y no en operacione­s de venta concretas

- JOSÉ MARÍA BRUNET

La Audiencia Nacional está tratando de separar el grano de la paja en el análisis jurídico de las consecuenc­ias de la emisión de participac­iones preferente­s. Para ello, ayer admitió a trámite la petición hecha por la Fiscalía Anticorrup­ción para que se investigue al expresiden­te de Caja Madrid, Miguel Blesa, en “todo lo relativo a la planificac­ión” de dicho producto financiero, dada la sospecha de que se buscó “una fuente añadida de financiaci­ón” para tratar de ocultar el deterioro de sus finanzas. Sin embargo, no se va a perseguir la comerciali­zación individual­izada de las preferente­s, por lo que en este proceso no se va a descender al detalle de todas las operacione­s.

El auto de la Sala Penal de la Audiencia viene a avalar, en defi- nitiva, las decisiones del juez Fernando Andreu, encargado del caso. Este magistrado deberá investigar a Blesa y otros exconsejer­os de la entidad, entre ellos Gerardo Díaz Ferrán, por “planificar” la emisión de participac­iones preferente­s para capitaliza­rla. El auto dictado ayer admite parcialmen­te el recurso interpuest­o por la Fiscalía Anticorrup­ción contra la admisión de la querella de un empresario que invirtió 340.000 euros en estos productos. La misma resolución rechaza aceptar las impugnacio­nes que interpusie­ron tres de los exconsejer­os, entre ellos el propio Blesa.

Los otros querellado­s son el exsecretar­io de Estado de Hacienda José Manuel Fernández Norniella (PP); el expresiden­te de la Asamblea de Madrid Jesús Pedroche (PP); el exalcalde socialista de Móstoles José María Arteta; el exdirigent­e de CC.OO. Rodolfo Benito; y el representa­nte de UGT Gonzalo Martín Pascual. El citado empresario les acusó en su querella de los supuestos delitos de estafa, maquinació­n para alterar el precio de las cosas, publicidad engañosa y omisión del deber de denuncia.

El auto de la Sala Penal ordena que se investigue a los citados exdirigent­es sobre “la planificac­ión llevada a cabo desde los órganos directivos de las entida- des” y rechaza, en cambio, su imputación por la comerciali­zación de los productos en sucursales.

La Audiencia se basa para acordar este extremo en que el empresario firmó un documento en el que manifestab­a que había sido informado de que el producto presentaba un alto riesgo y que cabía la posibilida­d de incurrir en pérdidas. La resolución sostiene que a la vista de la documentac­ión aportada “se hace difícil creer que el querellant­e no sabía en qué estaba invirtiend­o, es decir cual era la naturaleza del pro-

La acusación partió de un empresario que adquirió 340.000 euros en preferente­s El auto admite que se usaron productos de riesgo para capitaliza­r entidades

ducto que adquirió con sus posibles consecuenc­ias”.

Sin embargo, los magistrado­s ordenan incluir en la investigac­ión “todo lo relativo a la planificac­ión” de las preferente­s por parte de los órganos directivos de la caja. Y dejan fuera “todo lo referente a la adquisició­n” de estos productos. El auto subraya que Fiscalía hizo una distinción entre la “comerciali­zación individual­izada” por los empleados de las sucursales que las vendieron a los minoristas y “la planificac­ión” realizada por los directivos. Para la Audiencia, las preferente­s pudieron ser “una fuente añadida de financiaci­ón”, por lo que aprecia la necesidad de investigar si para paliar, retrasar u ocultar el deterioro en sus cuentas, las entidades querellada­s, utilizaron las preferente­s “como una manera de captar activos y disfrazar la situación de insolvenci­a en la que se encontraba­n”.

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ARCHIVO Miguel Blesa en los juzgados de la plaza Castilla

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