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La necesidad de una reacción del Banco Central Europeo ante la raquítica recuperación económica; y el gran escándalo de corrupción desatado en Venecia.
LA debilidad del crecimiento de la Unión Europea durante el primer trimestre, confirmada por la agencia estadística europea (Eurostat), junto con la recaída de la inflación en mayo son datos que refuerzan la necesidad de una inmediata actuación del Banco Central Europeo (BCE), sea con medidas convencionales o no, para dinamizar la actividad económica. El presidente de la institución, Mario Draghi, advirtió hace algunas semanas que adoptaría algún tipo de medidas en junio si no detectaba una mejora de la coyuntura.
El crecimiento de tan sólo el 0,2% de la zona euro entre enero y marzo supone un retroceso frente al 0,3% del último trimestre del 2013 y puede afectar a la previsión de incremento del producto interior bruto (PIB) para todo el año, que inicialmente está fijada en el 1,2%. Salvo Alemania, que ha crecido un 0,8% en el primer trimestre, el resto de países ha tenido un crecimiento muy moderado, cuando no negativo. No sólo se registra en la mayoría de la zona euro una escasa demanda interior (consumo e inversión), sino que esta vez ha pinchado también la aportación del sector exterior, como consecuencia del peor comportamiento de las exportaciones a causa de la alta cotización del euro.
El retroceso en mayo de la tasa de inflación de la zona euro del 0,7% al 0,5% debería ser la señal de alerta definitiva para que el BCE no dilate por más tiempo su entrada en escena y convierta en hechos las promesas de su presidente, sobre todo porque son ya ocho los meses en que la tasa de inflación en Europa se halla muy por debajo del objetivo del 2% fijado como óptimo para la buena marcha de la economía.
De la reunión de hoy del consejo directivo del BCE debería salir alguna concreción sobre las actuaciones que piensa adoptar para dinamizar la economía y situar la tasa de inflación cerca de su objetivo. Lo importante, al margen de otras consideraciones, es que las nuevas inyecciones monetarias fluyan hasta la economía productiva y que el crédito llegue a las pequeñas y medianas empresas, así como a las familias, que son los motores de la inversión, el consumo y el empleo.
El propio Draghi ha reconocido, en más de una ocasión, que la política monetaria ha fracasado hasta ahora en dicho empeño porque el dinero de sus inyecciones monetarias se lo han quedado los bancos para sanear sus balances. Lo cierto es que este problema es más grave en unos países que en otros. Así, por ejemplo, mientras en Alemania sólo el 1% de las empresas se queja de la falta de crédito, en España el porcentaje supera ampliamente el 25%. Esta asimetría en los efectos de la política monetaria resulta del todo inaceptable, además de ser radicalmente injusta.
Sería realmente muy positivo, ante este escenario, que se confirmasen con hechos las informaciones que señalan que el BCE está elaborando un plan de ayuda de hasta 40.000 millones de euros para reactivar el crédito a las pequeñas y medianas empresas de los países del sur de Europa. Se trataría de una serie de medidas destinadas a combatir el peligro de deflación e impulsar el crecimiento, especialmente en los países más castigados por la crisis, lo que propiciaría una mejora más intensa del empleo y facilitaría los planes de ajuste del déficit y de la deuda públicos. El BCE debería, sin embargo, analizar si la citada cantidad es suficiente y ser muy cuidadoso también en que esta vez su dinero llegue efectivamente a su destino.