De la memoria a la justicia
El ministro de Defensa argentino presenta en Barcelona los archivos de la dictadura
El ministro argentino de Defensa, Agustín Rossi, llevaba apenas cinco meses en el cargo cuando, el 31 de octubre del 2013, recibió una llamada del brigadier Mario Callejo, jefe de la Fuerza Aérea. En un sótano del edificio Cóndor había aparecido gran cantidad de documentos de la época de la dictadura, entre ellos las actas de las reuniones de las juntas militares que gobernaron Argentina entre 1976 y 1983, y unas listas negras con casi 1.600 nombres.
“Llegamos a estos hallazgos por decisión del jefe de la Fuerza Aérea –dice el ministro Rossi–; él no tenía necesidad ni de mentirme, con no decirme nada bastaba porque no teníamos siquiera la intuición” de la existencia de los archivos. ¿Es posible que nadie en 30 años reparara en aquel sótano? “Sí, lo es –afirma–. No era un lugar por el que nadie pasara”.
Dos cajas fuertes tuvieron que ser reventadas. Dentro estaban las 280 actas de la dictadura, en- cuadernadas en papel de calidad, bien conservadas. Al ministro le impresionó ver las firmas: Videla, Massera, Agosti...
El pasado marzo, Rossi puso los 11.760 volúmenes documentales “al alcance de todos”, en el propio edificio Cóndor, en bibliotecas de todo el país y en internet. Ahí se pueden consultar los nombres de artistas, profesores, actores, periodistas, intelectuales..., clasificados según sus “antecedentes ideológicos marxistas”. Mercedes Sosa, Julio Cortázar y Alfredo Alcón son algunos de los que mencionó Rossi; muchos de ellos emigraron a España.
Agustín Rossi pasó el martes por Barcelona para hablar de todo esto, invitado por Casa Amèrica Catalunya y la Fundació Nous Horitzons, vinculada a Iniciativa per Catalunya-Verds. Después viajaba a Chipre para visitar al contingente argentino de la ONU en la isla dividida, “que es el segundo más numeroso tras del británico”. Dato curioso, habida cuenta de las relaciones entre Argentina y Gran Bretaña.
En las actas el dossier Malvinas, por cierto, recoge “sólo gene- ralidades”. Y no hay menciones al Mundial de fútbol de 1978, que instrumentalizó el general Videla. Sí las hay al conflicto con Chile por el canal de Beagle en 1977-78, en el que medió Gran Bretaña, aunque “fue Juan Pablo II quien frenó la guerra”. Cabe imaginar que también aparezca el papel de la Iglesia durante la dictadura, pero el ministro dice que “no en las actas, aunque puede estar en otra documentación”.
Las actas descubren “un plan para conservar el poder hasta el año 2000. Con una primera etapa hasta 1990 y una segunda, a la que llamaban Nueva República, que revela un aspecto cívico-militar considerable y donde se deta- llan gestiones para llevar adelante una impronta neoliberal en lo económico”. En los últimos años aparecen muchas referencias a la ley de autoamnistía con que se cubrieron los militares. Casi les sale bien gracias a las leyes de punto final y obediencia debida –que Raúl Alfonsín firmó tras los juicios a Videla y Massera– y a los indultos de Carlos Menem. Todo quedó anulado en el 2003 con la presidencia de Néstor Kirchner, como señala Rossi, un peronista de largo recorrido.
“Memoria, justicia y verdad –subraya–. Con la memoria, lo único que lleva a un sentimiento de paz es la aplicación de la justicia, y de la justicia llegamos a la verdad. En Argentina no se crea-
“Las actas de la junta revelan un plan cívico-militar para conservar el poder hasta el año 2000”
ron tribunales especiales; son tribunales ordinarios los que siguen juzgando, con mil condenas hasta ahora, 500 de ellas efectivas”.
La comparación con España, donde la ley de memoria histórica es de corto vuelo y donde se ha derogado la ley de justicia universal, es evidente. Una juez argentina, María Servini de Cubría, instruye ahora una querella contra cuatro represores del franquismo. El ministro, obviamente, no puede opinar, salvo que “Argentina es un país en el que vale la pena mirarse”.