El Gobierno propondrá una norma legal para dar fuero al Rey
La inviolabilidad de don Juan Carlos se extenderá a toda la etapa de su reinado
Entre los materiales preparados por el Gobierno para responder a los efectos de la abdicación de don Juan Carlos figura la adopción de medidas que garanticen su aforamiento. Hasta el momento en que las Cortes aprueben la ley orgánica por la que se formaliza su abdicación y el texto de dicha norma aparezca en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entre en vigor, el Monarca tiene la condición de irresponsable –la responsabilidad de los actos que sancione corresponde al Gobierno– e inviolable. Pero a partir de entonces surge una situación nueva para la que el Ejecutivo se inclina por la aprobación de una norma que garantice la inviolabilidad de don Juan Carlos en relación con toda la etapa de su reinado. El fiscal general, Eduardo TorresDulce, se mostró ayer favorable a una medida de este tipo.
El rango de la norma es lo que debe acabar de perfilarse. Lo más rápido es que se trate de un decreto. Pero se da el caso de que el Gobierno ya había introducido la regulación del afo- ramiento de la Reina, doña Sofía, en el anteproyecto de reforma de la ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que el titular de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, sometió recientemente al Consejo de Ministros. El problema de esta vía es que puede tardar muchos meses en que la ley entre en vigor. Falta que los órganos consultivos –Consejo del Poder Judicial, Consejo Fiscal y Consejo de Estado– informen el texto y luego todo el debate parlamentario.
Pueden transcurrir, en suma, muchos meses antes de que esa nueva ley entre en vigor. Por eso se está pensando en dos soluciones intermedias. La primera, la presentación de una proposición de ley por un grupo parlamentario, lo que permitiría un debate en cuestión de días o pocas semanas. Y la segunda es una ley orgánica, como la que se va a votar en las Cortes sobre la abdicación del Rey. A favor de estas propuestas está el hecho de que en los laboratorios jurídicos del Gobierno se estima que la regulación del aforamiento del Rey y la Reina salientes requiere una norma del máximo rango.