El Gobierno pide a CiU que rectifique su abstención y que no mezcle debates
Santamaría recuerda que sólo se vota la renuncia del Rey e insta a Mas a no quedar “al margen de la historia” El conseller Homs declara que el Monarca abdica para “mantener la empresa familiar” y luego matiza
TRATO INJUSTO La vicepresidenta replica con once millones para reducir peajes en Catalunya
EL FUTURO El Gobierno espera que la actitud de CIU no sea ahora norma en asuntos de Estado
El Gobierno intenta que el final del reinado de don Juan Carlos y la sucesión en su hijo, el príncipe Felipe, se recorra con el amplísimo respaldo con que ha contado el monarca en estos años, en los que siempre ha tenido la colaboración y el apoyo, entre otros grupos políticos, de ciu. La actitud de los nacionalistas catalanes, que, según la versión de la vicepresidenta del Gobierno, dieron el visto bueno a la ley de abdicación antes de hacerla pública, para después anunciar la abstención en la votación, no sólo ha provocado sorpresa en el Ejecutivo de Mariano Rajoy, sino malestar, por los comentarios que han acompañado a esta decisión.
Pero el Gobierno no se da por vencido y ayer, desde la mesa del Consejo de Ministros, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, hizo una apelación a la reflexión de CIU: “Todos sabemos lo que estamos votando, y creo que los partidos de gobierno, ante determinados procesos históricos, que están constitucionalmente previstos, que se hacen con normalidad institucional, ni pueden ni deben permanecer al margen. Les invito a esa reflexión, porque no es entendible ni parece muy oportuna”, en alusión a la posición abstencionista de CIU.
Por tres veces durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sáenz de Santamaría hizo esa apelación a la reflexión, con otro argumento: “No hay que mezclar debates”, dijo aludiendo implícitamente a la cuestión soberanista y al de la abdicación del rey Juan Carlos y su sucesión por quien será Felipe VI: “Hay que ser consciente de que este es un momento muy importante para la historia de España y todos debemos hacer una reflexión muy importante de las decisio- nes que adoptamos”. Una decisión que el Gobierno considera que debe ser aún más meditada si quien la está tomando es un partido de gobierno, como CIU. Como datos para esa reflexión, la vicepresidenta considera que los responsables de la federación deberían tener en cuenta que lo que se vota es la abdicación del Rey, que la ha decido don Juan Carlos “en un acto personalísimo”, por lo cual, lo único que se hace en esa votación es “dar efectividad a ese acto”, lo que requiere su plasmación en una ley orgánica, como la remitida al Congreso por el Ejecutivo español.
Sólo teniendo en cuenta la trascendencia histórica de la votación, se puede adoptar la decisión del sentido del voto, consideró la vicepresidenta, “porque si no la posición puede hacerse incomprensible”. Y a eso se aferra el Gobierno, a que el electorado de Catalunya traslade a CIU la posición favorable a la Corona que siempre han mantenido los nacionalistas catalanes con respecto a la monarquía, y más cuando quien asumirá el trono será el actual Príncipe de Girona. Esa presión del electorado de CIU podría hacer cambiar su decisión a la federación nacionalista y votar a favor de la ley orgánica de abdicación del Rey don Juan Carlos, consideran en el Gobierno. “Estoy convencida de que hay muchos catalanes que no entienden esta posición de CIU. Estoy absolutamente convencida”, dijo la vicepresidenta del Gobierno.
Por lo incomprensible que al Ejecutivo le parece esa posición de CIU, Sáenz de Santamaría también espera que la decisión de abstenerse en la votación de la ley de abdicación, acordada por Artur Mas y Josep A. Duran i Lleida, no suponga un antes y un después en la colaboración que siempre ha habido entre los nacionalistas catalanes y el Gobierno en cuestiones de Estado.
Eso en el plano institucional y político, porque hay otra derivada en la situación que a la vicepresidenta le ha disgustado más personalmente. Y es la actitud del líder de CIU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, quien, según ella, le dio el visto bueno a la ley el lunes por la tarde, tras la abdicación –cosa que el líder de Unió niega– y que sin embargo después anunció la abstención de CIU y se quejó del “trato injusto que recibe Catalunya de España”.
Para desmontar esa afirmación, la vicepresidenta echo ma--
no de la referencia del Consejo de Ministros, la de ayer, “aunque podría leer la de cualquier viernes”, y los más de once millones de euros largos aprobados para la rebaja de tarifas y peajes en Catalunya, una demostración, señaló, de que el Gobierno es también gobierno de los catalanes. El Ejecutivo autorizó ayer la firma de un convenio de colaboración entre la Generalitat y la administración del Estado, al amparo del artículo 8 del real decreto ley del 16 de abril de 1999, por el que se acordaba una rebaja de los peajes a los usuarios, en un 7%, que serían compensados por el Estado. El montante del dinero que se abona a la Generalitat será de algo más de 11 millones, correspondientes a la compensación de los seis primeros meses del año 2012, que es al que se refiere.