Una ley orgánica y un decreto para don Juan Carlos

El Gobierno entiende que el futuro estatus de don Juan Carlos cuando deje la corona requiere de pocas regulaciones. No obstante, será una ley orgánica la que garantice su aforamiento ante el Tribunal Supremo y un decreto regulará el tratamiento que reciba el monarca cuando deje de serlo. El Ejecutivo recordó que asuntos como la asignación económica y la delimitación de la familia real ya están regulados. El sueldo que percibirá don Juan Carlos lo fijará Felipe VI, que será a quien corresponda decidir el reparto de la asignación que los presupuestos generales del Estado otorgan a la Casa Real, y que no variará. La vicepresidenta del Gobierno central, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró ayer, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el Ejecutivo está trabajando en las normas que requieren de su intervención, pero trasladó la sensación de que no corren prisa, ni siquiera lo que hace referencia al aforamiento de don Juan Carlos. “En cuando tengamos la fórmula y el contenido; lo comunicaremos”, dijo. Durante su mandato, el Rey ha sido inviolable constitucionalmente, condición que se mantiene respecto al tiempo en ejercicio de su cargo. La ley orgánica que regule el aforamiento hará referencia a hechos que realice don Juan Carlos desde que deje la Corona. La vicepresidenta consideró lógico que, tras la abdicación, el Rey esté entre las cerca de 10.000 personas que gozan de aforamiento ante el Tribunal Supremo en todo el Estado. Hace pocos meses se consideró que la Reina y el Príncipe de Asturias tuvieran esa condición, de la que disfrutan jueces, fiscales, diputados o senadores. “Hay un amplio número de aforados, más que en otros países, y sin embargo la familia real quedaba fuera”, dijo Santamaría. En otros países con abdicaciones recientes, como Holanda o Bélgica, los monarcas salientes se han quedado sin ningún tipo de protección.