Sentencia contra la Spanair catalana
EN su momento ya dijimos que comprar una compañía aérea en plena crisis, aunque fuera sólo por un euro y libre de deudas, era comprar un problema. Y máxime si además, con esa compañía aérea, se tenía que impulsar el tráfico intercontinental de un aeropuerto tan importante como el de Barcelona.
La operación de compra de Spanair en el 2009, vista también con perspectiva, fue un acto de excesivo voluntarismo político y empresarial de las instituciones catalanas, al igual que lo fue su gestión, que estuvo en manos de accionistas y de directivos que no tenían experiencia en el negocio del transporte aéreo. Ese mismo voluntarismo fue el que llevó, tres años más tarde, a no presentar la suspensión de pagos cuando la quiebra era ya una evidente realidad, con la esperanza de lograr que un inversor internacional (Qatar Airways) viniera a salvar la compañía en el último minuto, lo que no sucedió. Spanair cesó su actividad en enero del 2012, y dejó en tierra a 23.000 pasajeros, a su plantilla en el paro y unas deudas de 471 millones de euros.
Es por el citado retraso en la presentación del concurso de acreedores que el magistrado del juzgado mercantil número 10 de Barcelona la ha calificado como culpable. El juez considera que en junio del 2011, cuando las administraciones públicas catalanas dejaron de inyectar dinero, la situación de insolvencia de Spanair era evidente y el retraso en asumir la situación no hizo más que agravarla. Por ello ha condenado a su expresidente Ferran Soriano y a la mayoría de los miembros del consejo de administración a pagar solidariamente 10,8 millones de euros. Tan dura como la multa, cuya mayor parte deberá pagar la Generalitat como accionista principal, es la inhabilitación para la gestión de patrimonios ajenos durante dos años de casi todos los consejeros, entre ellos el propio Soriano, y los representantes de la empresa pública catalana Avança, como administradora de hecho de la compañía, de la Fira de Barcelona y de Inversions Turístiques i Comercials, filial de Turisme de Barcelona.
El conseller de Economia de la Generalitat ha anunciado que piensa apelar la sentencia. Cree que hay argumentos jurídicos para ello. Considera que no se puede penalizar a unos consejeros por esperar unos meses para intentar salvar la empresa cuando habían esperanzas fundadas de poder lograrlo. El primer recurso se presentará ante la Audiencia Provincial de Barcelona y el segundo, si fuera necesario, ante el Tribunal Supremo. Otro capítulo más, en suma, del fiasco que supuso la operación de la Spanair catalana.