Una expropiación polémica en Les Corts
Los vecinos de dos bloques junto a la Colònia Castells se oponen a ser realojados en pisos nuevos de protección
Los inquilinos de dos edificios de viviendas en la calle Entença se resisten al lento, a tiempos interrumpido, plan urbanístico de la Colònia Castells. Son edificios de los años cincuenta, en buen estado tras una rehabilitación de vigas y otras estructuras con patologías. Pero están afectados desde el año 2000 por el plan especial (PERI) de la antigua colonia obrera de Les Corts. La afectación significa expropiar los dos edificios, propiedad de la firma Barnola (que no se opone a la expropiación), y trasladar a los inquilinos, muchos de ellos pensionistas, a pisos nuevos de protección oficial (de alquiler, aunque hay opción de compra) que se están construyendo en la misma calle Entença.
Estos días se ven en los portales y en balcones de los números 239 y 241 de Entença carteles contra el alcalde Xavier Trias y el teniente de alcalde Antoni Vives, responsable de Urbanismo y concejal del distrito. En las pancartas se habla de especulación. Los vecinos reclaman que se deje sin efecto la afectación de sus pisos, o que al menos se retrase lo más posible su traslado, que hoy está previsto como muy tarde para finales del 2017. Sergio Ibars, portavoz de estos vecinos, argumenta que “no existe un interés general (lo que justifica un PERI) en que nos saquen de nuestras casas de 100 m2 para llevarnos a pisos de 60 m2”. Al fin y al cabo, dicen los vecinos, donde ellos viven ahora no hará falta hacer viviendas para ningún desalojado por el PERI, que ya están recolocados o ya tienen piso adjudicado.
Lo previsible, una vez se expropien las fincas y el Incasòl se haga cargo de ellas, es que se habra una zona verde pero dejando suficiente sitio para nuevos pisos. Es en este punto donde los afectados intuyen la especulación. Actualmente, junto a los dos bloque se construye una promoción de pisos de lujo (en una finca vendida por el Ayuntamiento) y la escuela especial Paideia.
El Ayuntamiento argumenta que la planificación viene de hace años. El teniente de alcalde Vives reconoce que, aunque el gobierno de CiU se planteó revisarlo o recortarlo, las dificultades legales y económicas que ello supondría le llevaron a mantener el plan, causando los menores perjuicios posibles a los vecinos. Desafectar los dos bloques expondría al Ayuntamiento a pagar una fuerte indemnización a la propietaria, que puede alegar lucro cesante (no poder vender durante los años en que el precio de solares y viviendas crecía; no poder subir los alquileres…).
La transformación de la Colònia Castells fue aprobada en el 2006, tras años de preparación del proyecto, pero su primera fase no empezó a realizarse hasta el 2006. En resumen, se trataba de derribar las viejas construcciones, unas 200, para sustituirlas por una amplia zona verde, con espacios reservados para equipamientos y vivienda (pública para realojar a los veci- nos y privada). Negociaciones, conflictos y problemas financieros del Incasòl retrasaron e interrumpieron el proceso. Si se hubieran cumplido las previsiones de hace diez años, toda la operación urbanística estaría hoy concluida. El traslado de los inquilinos a los dos edificios de viviendas entraba en la última fase de la operación, pero el Ayuntamiento lo ha adelantado a la segunda fase.