La empresa del túnel del Pertús se declara insolvente
El Estado encargó la obra a ACS y ahora podría tener que salir al rescate
La empresa concesionaria del túnel del Pertús, por el que circula el AVE España-Francia, así como trenes de mercancías, ha presentado ante el juzgado mercantil de Girona preconcurso de acreedores ante la incapacidad para hacer frente a una deuda que fuentes judiciales sitúan en los 428 millones de euros.
La empresa, participada a partes iguales por la española ACS -el grupo propiedad de Florentino Pérez- y la francesa Eiffage, obtuvo la concesión del tramo transfronterizo de la alta velocidad en 2003 y en 2005 pidió un crédito para la construcción de la infraestructura, que suponía una inversión inicial de 1.100 millones de euros. El objetivo de ambas empresas era devolver las cuotas del crédito mediante el pa- go que percibe de los trenes de pasajeros y mercancías que circulan por la conexión ferroviaria de alta velocidad entre España y Francia. Pero la cifra de convoyes de pasajeros y mercancías ha sido muy inferior a las previsiones que se hicieron cuando se proyectó el túnel, lo que ha impedido a TP Ferro rentabilizar la obra y devolver el crédito.
Diariamente circulan por este paso fronterizo una decena de trenes de pasajeros y cinco de mercancías. Por cada tren que pasa por el túnel del Pertús, TP Ferro recibe un canon, cuyo importe varía en función del tipo de tren, del volumen de mercancías y pasajeros transportadas o de la hora de llegada de los convoyes. Un importe que oscila entre los 60 euros (para trenes de mercancías y material de tracción) y los 3.300 euros (para trenes con capacidad superior a las 510 plazas que circulen en hora punta que va de 6.30h a 9h y de 17h a 20h).
La presentación en el juzgado del preconcurso de acreedores pretende obtener más margen de tiempo a la empresa para negociar la deuda, que vence el próximo 31 de marzo. A la empresa se le abre ahora un plazo de tres meses para intentar llegar a un acuerdo y con los acreedores. De no conseguirlo la empresa se verá obligada a presentar un concurso de acreedores en los próximos treinta días y el Estado, que encargó que la obra, podría tener que salir al rescate de una empresa privada como ya hizo hace unos meses con el polémico almacén de gas Castor (en cuya gestión se encontraba también el grupo de Florentino Pérez).
Fuentes de TP Ferro aseguraron ayer, a través de un comunicado , que el objetivo de TP Ferro “es hallar con todas las partes interesadas, una solución de refinanciación de la deuda” y aseguraron que actualmente “hay negociaciones en curso con los acreedores, en vistas de un acuerdo de refinanciación”.
Parte de la deuda, alrededor del 52%, fue adquirida en su día por un grupo de fondos internacionales (entre los cuales se encuentran Avenue Capital Group y Blue Mountain Capital Management) al grupo de entidades fi-
LOS MOTIVOS La empresa se declara incapaz de hacer frente a una deuda de 428 millones
PRECEDENTE POLÉMICO El Estado podría verse obligado a salir al rescate como hizo con el almacén Castor
nancieras que formalizaron el préstamos sindicado inicial, y entre las que están ING Direct, BBVA, CaixaBank y Novo Banco.
Fuentes financieras han precisado que en el mes de enero presentaron una propuesta a TP Ferro para alargar la deuda a cambio de que ésta inyectara 120 millones de euros. Ahora temen que TP Ferro utilice la presentación del preconcurso para recabar del Ministerio de Fomento una inyección de 100 millones de euros y reclamar que el pago de la deuda se prolongue hasta el 2034. Estas mismas fuentes indican que los propietarios de TP Ferro ya habrían contactado con Fomento para materializar este proyecto.
En el comunicado hecho público ayer, la sociedad TP Ferro indicó que el preconcurso de acreedores “no afectará de ningún modo” a la continuidad del servicio ferroviario entre España y Francia, ni a la organización de la empresa o a la explotación. “La continuidad del servicio público constituye, desde la puesta en servicio de la línea, la prioridad de TP Ferro”, señaló la empresa en el comunicado. Los argumentos que aduce la empresa apuntan a los sobrecostes en la construcción de la obra, a su puesta en marcha dos años más tarde de lo previsto y al tráfico real, muy inferior al que proyectaron hace ahora doce años.